El silencio institucional también contamina
La afirmación de que la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) no recibió denuncias sobre el crematorio de Casa Xibalbá no exime su responsabilidad. Que un establecimiento operara sin permisos, sin supervisión y en plena zona urbana, revela una falla estructural en la vigilancia ambiental. No basta con esperar denuncias: la autoridad debe prevenir, inspeccionar y actuar.
El hallazgo de más de 120 cadáveres de mascotas y 238 denuncias ciudadanas ante la Fiscalía General del Estado muestran que el dolor fue real y masivo. ¿Cómo es posible que ninguna alerta llegara antes a la SEMA? La revisión de redes sociales y predios baldíos debió comenzar mucho antes del escándalo.
La clandestinidad no se combate con declaraciones, sino con presencia institucional. La omisión también es una forma de complicidad. Y en este caso, el abandono institucional fue tan grave como el fraude. ¿Será?
Cozumel, lealtades en disputa
La política local de Cozumel se agita con la versión de una supuesta reunión entre el alcalde José Luis Chacón y Rafael Marín Mollinedo, director de Aduanas. Aunque el edil niega tajantemente el encuentro y se declara “marista”, es decir, fiel a la gobernadora Mara Lezama, el rumor ha encendido especulaciones sobre su futuro político, especialmente ante la posibilidad de quedar fuera de los planes de reelección de Morena en 2027.
Chacón atribuye el señalamiento a un golpeteo orquestado por intereses que buscan debilitar su posición.
En un contexto en el que las lealtades se redefinen y los proyectos personales se cruzan con las estrategias partidistas, la negación pública no siempre basta para disipar las dudas. ¿Es una defensa genuina o una maniobra para reposicionarse en medio de la tormenta? ¿Será?
Tráfico de migrantes: ¿red criminal o red institucional?
La investigación contra Vikrant Bhardwaj y su organización de tráfico de migrantes revela una trama que va más allá del delito transnacional.
Las operaciones desde Cancún, el uso de casas de resguardo y los pagos millonarios por cruzar fronteras apuntan a una estructura sofisticada que, según la Fiscalía General del Estado, podría incluir funcionarios públicos.
La colaboración con agencias internacionales y la UIF es clave, pero también lo es la voluntad política para llegar al fondo.
El fiscal Raciel López Salazar asegura que no habrá excepciones, pero en México esa frase suele diluirse cuando los implicados tienen poder. Si hay servidores públicos involucrados, el caso no sólo será penal, sino institucional. ¿Se atreverá la justicia a tocar intereses locales y redes protegidas? ¿Será?