Colectivo feminista, en la mira.
El abogado explicó que ya se solicitó la intervención de la Policía Cibernética para rastrear los dispositivos desde los que se realizan las publicaciones. Credit: Especial

El colectivo feminista Marea Verde Quintana Roo se encuentra en el centro de una controversia legal tras diversas denuncias por presunta difamación, discriminación y violación a la intimidad, luego de la publicación de señalamientos contra habitantes de Chetumal en redes sociales.

Asimismo, las acusaciones han derivado en un proceso jurídico que podría extenderse durante los próximos meses.

Denuncias formales contra el colectivo feminista

El doctor Álvaro Segovia Cruz, especialista en criminalística y representante legal de dos de los afectados —José Daniel López Rojas y Juan José Fernández Delgado—, informó que se preparan 14 denuncias adicionales contra los administradores de la página de Facebook señalada por promover presunto linchamiento digital.

Entre las nuevas personas que buscan emprender acciones legales hay incluso dos mujeres, lo que, según el abogado, evidencia que se trata de un caso de abuso digital y no de un conflicto de género.

Investigación de ciberseguridad en marcha

Segovia Cruz detalló que ya se solicitó la intervención de la Policía Cibernética para rastrear direcciones electrónicas y geolocalizar dispositivos desde los que se administran las publicaciones.

El abogado anticipó que, si las autoridades lo consideran necesario, solicitarán autorización judicial para intervenir líneas telefónicas con el objetivo de identificar plenamente a los responsables.

Consecuencias y llamado a la responsabilidad digital

El abogado señaló que, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, el proceso podría prolongarse de ocho meses a dos años.

Asimismo, advirtió que el uso de redes sociales con fines personales o políticos no puede derivar en actos de discriminación, exposición pública o violencia digital sin sustento jurídico, y subrayó que quienes administran estas páginas deben rendir cuentas por los daños a la reputación y privacidad de las personas.

Finalmente, los primeros casos formalizados podrían presentarse antes de que finalice el año.