Día del Pueblo: democracia de cartón y control político
El Grupo Legislativo de Morena en Quintana Roo insiste en vender como histórico el llamado Día del Pueblo, un proyecto que obliga a los ayuntamientos a realizar audiencias públicas semanales.
Bajo el disfraz de cercanía y humanismo, la iniciativa es en realidad un mecanismo de control político y propaganda. Convertir en mandato lo que debería ser voluntad de cada municipio erosiona la autonomía prevista en la Constitución y carga con costos logísticos y financieros que los ayuntamientos no podrán sostener.
Las Asambleas Informativas en los 11 municipios no garantizan soluciones, solo más discursos y rituales de participación que terminan en aplausos sin resultados.
El verdadero objetivo parece ser reforzar la narrativa de unidad en torno a determinadas figuras políticas, más que atender las necesidades reales de la ciudadanía. La democracia no se construye con eventos obligatorios ni con frases solemnes, sino con instituciones que funcionen y con gobiernos que resuelvan. Lo demás es simulación. ¿Será?
Diversificación turística, discurso repetido y acción ausente
La senadora Anahí González insiste en que Quintana Roo debe diversificar su oferta turística más allá de las playas, apelando a la cultura, la arqueología y las comunidades. El planteamiento suena correcto, pero no es nuevo: lleva años repitiéndose sin que se traduzca en políticas efectivas.
Mientras tanto, el estado sigue dependiendo de un modelo frágil, expuesto al sargazo y a crisis globales.
Hablar de reformas desde el Senado es cómodo; lo difícil es garantizar inversión, infraestructura y seguridad en zonas rurales y arqueológicas. Bacalar y el sur del estado son mencionados como ejemplos, pero siguen padeciendo abandono y falta de promoción real.
La diversificación no se logra con declaraciones, sino con proyectos sostenidos y presupuestos claros. De lo contrario, el discurso se convierte en otro espejismo político que deja a Quintana Roo atrapado en la misma vulnerabilidad que se pretende superar. ¿Será?
Cámaras corporales: transparencia que se topa con la resistencia policial
La sanción a 23 policías de Cancún por negarse a portar las cámaras de solapa revela la profunda desconfianza que existe dentro de la corporación hacia los mecanismos de vigilancia interna. Tres meses después de haber recibido 725 dispositivos, casi dos decenas de agentes decidieron ignorar el reglamento, desafiando una política que busca garantizar transparencia y confianza ciudadana.
El arresto administrativo es apenas un castigo simbólico frente a una falta grave: negarse a ser monitoreado equivale a rechazar la rendición de cuentas.
El discurso oficial presume cero tolerancia, pero la realidad muestra resistencia y opacidad en una corporación marcada por abusos y corrupción. Si los policías consideran incómodo portar una cámara, más incómodo debería ser para la ciudadanía vivir bajo la sombra de la impunidad. La pregunta es si el Consejo de Honor actuará con firmeza o si todo quedará en sanciones menores que perpetúan la simulación. ¿Será?