Regidores denuncian imposición y falta de consulta al Ayuntamiento
El reciente anuncio del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) sobre el aumento de tres pesos a la tarifa del transporte público desató fuertes críticas dentro del Cabildo de Benito Juárez.
Los regidores Jesús Pool Moo (MC) y Jorge Rodríguez (PRI) calificaron la medida como “autoritaria”, “carente de formas” e incluso “ilegal”, al considerar que el organismo estatal actuó sin consultar a la autoridad municipal.
Ambos funcionarios señalaron que la definición de tarifas corresponde al Ayuntamiento de Benito Juárez, por lo que acusaron al Imoveqroo de invadir competencias y vulnerar la autonomía municipal.
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“No hubo ni la cortesía de presentarlo”: regidores
Jorge Rodríguez afirmó que la Ley otorga al Cabildo la facultad exclusiva de fijar las tarifas del transporte urbano.
“Es arbitrario que no se nos haya informado. Somos quienes tenemos contacto directo con la población y debemos responder por sus inquietudes”, señaló.
Agregó que el director del Imoveqroo, Rafael Hernández Kotasek, sostuvo diálogo únicamente con la presidenta municipal, sin presentar la propuesta ante los regidores o ante la Comisión Mixta Tarifaria.
En la misma línea, Jesús Pool lamentó que se haya dejado de lado el marco legal municipal y reiteró que cualquier ajuste tarifario debía analizarse primero en la comisión correspondiente.
“La Ley de Movilidad es clara: el Imoveqroo no puede modificar tarifas del transporte urbano sin coordinación con el Ayuntamiento, y nunca hubo esa cortesía”, afirmó.
Ayuntamiento aclara que el aumento depende de reformas en el Congreso
El secretario del Ayuntamiento, Pablo Gutiérrez Fernández, puntualizó que cualquier modificación a las tarifas solo podrá realizarse una vez que el Congreso del Estado apruebe las reformas a la Ley de Movilidad que aún están en análisis.
Explicó que cualquier posible ajuste deberá ser discutido previamente en la Comisión Mixta Tarifaria, como marca la normativa vigente.
Recalcó que las adecuaciones planteadas por el gobierno estatal forman parte de un proyecto integral trabajado durante varios meses, por lo que continuarán las mesas de diálogo para garantizar un proceso ordenado.