Penal de máxima seguridad en Quintana Roo
El nuevo centro penitenciario de máxima seguridad en Quintana Roo requeriría una inversión superior a los 3 mil millones de pesos. Credit: Especial.

Quintana Roo reactiva proyecto del nuevo penal de máxima seguridad

El Gobierno de Quintana Roo reactivó las gestiones para consolidar la construcción del Centro Penitenciario Estatal de máxima seguridad, un proyecto considerado clave para atender la sobrepoblación carcelaria y fortalecer la capacidad operativa del sistema penitenciario.

De acuerdo con el secretario de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez Torres, la obra requerirá una inversión superior a los tres mil millones de pesos.

Un penal estratégico en la zona limítrofe de Puerto Morelos

El complejo se construiría en un predio ya disponible entre los municipios de Benito Juárez y Leona Vicario, en la delegación de Puerto Morelos. Tendrá una capacidad inicial de dos mil internos, con posibilidad de ampliarse hasta ocho mil, dependiendo del crecimiento de la población penitenciaria y las necesidades de seguridad del estado.

Gómez Torres destacó que, aunque el proyecto avanza, implica tiempos largos y recursos significativos.

“Estas obras generalmente implican muchos recursos y mucho tiempo. Nos hace falta la construcción de un nuevo Cereso; estamos ampliando dormitorios y áreas de estancia para atender la sobrepoblación”, explicó.

Julio César Gómez Torres
Julio César Gómez Torres, secretario de Seguridad Ciudadana en Quintana Roo. Credit: Saraí Reyes / 24 HQR.

Sobrepoblación creciente y necesidad urgente de infraestructura

Actualmente, la población penitenciaria en Quintana Roo asciende a cuatro mil 600 personas, lo que ha obligado al gobierno estatal a habilitar temporalmente nuevos dormitorios y áreas de estancia.
El incremento de detenciones vinculadas a proceso también ha presionado al sistema, generando la urgencia de un penal que cumpla con estándares federales y capacidad suficiente.

El funcionario señaló que el proyecto ya cuenta con estudios técnicos de viabilidad y con el terreno autorizado. No obstante, su avance ha sido más lento debido a las actualizaciones normativas aplicables a los centros de máxima seguridad.

Requisitos ambientales y normativos retrasan el avance

La obra deberá cumplir con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y otros trámites federales que actualmente siguen en proceso.
Gómez Torres enfatizó que no se puede iniciar la construcción sin garantizar el cumplimiento total de las regulaciones oficiales.

“No podemos construir un penal que no cumpla con las normas establecidas; estos complejos deben cumplir las regulaciones oficiales en materia de seguridad”, subrayó.

Primera etapa comenzaría en 2026

El proyecto será incluido en la propuesta presupuestal del próximo año y, de acuerdo con el titular de Seguridad Ciudadana, la primera etapa podría iniciar durante el segundo semestre de 2026, con la intención de dejar un avance significativo antes de concluir la actual administración.