Homologan legislación estatal a la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos
En la última sesión del periodo ordinario de 2025, el Congreso de Quintana Roo aprobó la abrogación de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado y sus Municipios, con el propósito de homologar la legislación local a la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos. La decisión fue avalada con 22 votos a favor, marcando un cambio estructural en el modelo de simplificación administrativa de la entidad.
Paquete amplio de reformas legales
El dictamen incluye reformas, adiciones y derogaciones a diversas normas estatales, entre ellas:
- Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
- Ley de Derechos del Estado de Quintana Roo
- Ley de Desarrollo Económico y Competitividad
- Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
- Ley de Movilidad
- Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios
- Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción
- Ley sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas
TE PUEDE INTERESAR: Despliegan operativo de seguridad decembrino con más de 7 mil elementos
Desaparece la Comisión de Mejora Regulatoria
Con la abrogación de la ley —expedida en octubre de 2019 por la XV Legislatura— desaparece formalmente la Comisión de Mejora Regulatoria del Estado y sus Municipios, organismo encargado de promover la reducción de cargas administrativas para ciudadanía y empresas.
Nace la Agencia de Transformación Digital
En sustitución, se crea la Agencia de Transformación Digital, que asumirá las funciones de simplificación y digitalización de trámites en Quintana Roo. De acuerdo con lo informado en el Congreso, la nueva instancia contará con un presupuesto estimado de 39 millones de pesos para 2026.
La diputada Martha Parroquín señaló que la agencia tendrá como eje mejorar la eficiencia institucional y elevar la calidad de los servicios digitales para la ciudadanía.
Marco nacional y decreto estatal
La Agencia de Transformación Digital fue creada mediante decreto administrativo emitido por la gobernadora Mara Lezama el 26 de noviembre. El decreto deriva de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, publicada en julio, que obliga a entidades y municipios a establecer una autoridad local en la materia en un plazo máximo de seis meses.