Más de 150 casos de abuso sexual infantil, impunes en Quintana Roo

Quintana Roo enfrenta una grave crisis de acceso a la justicia para niñas y niños víctimas de violencia sexual, con más de 150 casos sin resolver debido a la carencia de personal especializado en peritajes infantiles dentro de las instituciones públicas, denunciaron colectivos feministas del estado.

Impunidad casi total en denuncias por abuso sexual infantil

Ariadna Song Anguas, integrante del Colectivo Xtabay y vocera de diversas organizaciones feministas, advirtió que solo el 0.10 por ciento de las denuncias por abuso sexual infantil en Quintana Roo logra ser vinculado a proceso, de acuerdo con registros de los propios colectivos.

Esta cifra refleja, dijo, una falla estructural del sistema de procuración y administración de justicia, particularmente en casos donde las víctimas son menores de edad.

Caso emblemático: menor de tres años y un presunto agresor prófugo

Durante una conferencia de prensa del Frente Feminista Quintana Roo, las activistas expusieron el caso de un niño de tres años presuntamente víctima de abuso sexual por parte de su padre, identificado como Carlos Anastasio “N”, quien actualmente se encuentra prófugo.

Hechos ocurridos en Playa del Carmen

Los hechos se registraron en abril del año pasado en Playa del Carmen. Ante esta situación, los colectivos anunciaron una manifestación para exigir que se niegue el amparo promovido por el imputado ante el Juzgado Cuarto Federal.

Colectivo Xtabay
Ariadna Song Anguas, integrante del Colectivo Xtabay y vocera de diversas organizaciones feministas, advirtió que solo el 0.10 por ciento de las denuncias por abuso sexual infantil en Quintana Roo logra ser vinculado a proceso. Credit: Saraí Reyes / 24 HQR

Señalan omisiones del Poder Judicial y falta de perspectiva de infancia

Song Anguas denunció que el Poder Judicial de Quintana Roo ya falló en primera instancia contra la víctima, luego de que el juez Fernando León rechazara la vinculación a proceso, pese a que —aseguró— se presentaron datos de prueba y valoraciones especializadas, incluyendo las manifestaciones del menor.

La activista afirmó que el juzgador ignoró elementos fundamentales y no aplicó una perspectiva de infancia, indispensable en este tipo de delitos.

La ausencia de especialistas frena los procesos judiciales

Evaluaciones inadecuadas para menores de siete años

Los colectivos subrayaron que los delitos sexuales contra menores suelen ocurrir en entornos de confianza y sin testigos, por lo que requieren evaluaciones altamente especializadas.

Ariadna Song explicó que niñas y niños menores de siete años no pueden ser evaluados por psicólogos generales, sino por especialistas en infancia, psiquiatría infantil y abuso sexual, capaces de interpretar lenguaje simbólico, expresiones conductuales y cambios emocionales.

Más de 50 casos activos y al menos 100 en riesgo de impunidad

Actualmente, las organizaciones feministas acompañan más de 50 casos activos, y estiman que al menos otros 100 se encuentran en condiciones similares, muchos de ellos correspondientes a niñas y niños de apenas dos o tres años.

Sin embargo, denunciaron que no existen suficientes profesionales con este perfil en las instituciones públicas de Quintana Roo, lo que mantiene estancados los procesos.

Críticas a la Fiscalía, DIF y otras instancias

Song Anguas cuestionó que dependencias como la Fiscalía General del Estado, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el DIF y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes no destinen recursos para contratar personal especializado.

Asimismo, rechazó que las denuncias respondan a conflictos personales, al precisar que en el caso expuesto la madre actuó desde la primera sospecha por las vías institucionales, con valoraciones realizadas por organismos públicos y especialistas certificados.

Falta de recursos y sensibilidad judicial, un obstáculo adicional

Finalmente, las activistas advirtieron que la falta de recursos económicos para contratar abogados particulares, sumada a la ausencia de sensibilidad en algunos juzgadores, profundiza la impunidad y revictimiza a niñas y niños víctimas de violencia sexual en Quintana Roo.