Canal de Zaragoza, obra detenida entre burocracia y riesgos ambientales
La suspensión del dragado del Canal de Zaragoza por la falta de una Manifestación de Impacto Ambiental vigente evidencia la fragilidad institucional en torno a proyectos estratégicos.
Tras más de un siglo de intentos y cientos de millones invertidos, el canal sigue sin cumplir su objetivo de permitir el paso de embarcaciones de mayor calado, mientras la opacidad sobre presupuestos y resultados persiste. La Semar asegura estar lista para retomar los trabajos, pero la ausencia de autorización ambiental refleja improvisación y falta de planeación.
Más preocupante aún es que se pretenda avanzar sin resolver los riesgos sobre el Arrecife Mesoamericano, uno de los ecosistemas más valiosos y vulnerables del país. El proyecto, concebido como motor turístico y comercial, se ha convertido en símbolo de rezago y contradicciones: desarrollo prometido frente a una realidad de impactos inciertos y decisiones inconclusas. ¿Será?
Infraestructura que impulsa desarrollo y bienestar
La rehabilitación de la entrada a Chiquilá, tras más de 15 años de espera, marca un paso decisivo hacia la modernización del puerto y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.
Con el respaldo de la gobernadora Mara Lezama, la obra abre la puerta a nuevos proyectos: 700 metros adicionales de pavimento dentro del puerto y cinco kilómetros más en calles del pueblo, que ya esperan aprobación estatal.
El alcalde Jairo Naín Pérez Coral subrayó la urgencia de un sistema pluvial eficiente para evitar inundaciones, así como la ampliación de la red eléctrica, elementos clave para garantizar seguridad y crecimiento ordenado. Estas gestiones reflejan una visión integral de infraestructura que no solo atiende necesidades inmediatas, sino que también fortalece la conectividad y la resiliencia de una comunidad estratégica para el turismo y la economía regional. ¿Será?
Desarrollo cuestionado en Mahahual
La suspensión provisional otorgada por el Juzgado Sexto de Distrito evidencia las irregularidades que rodean al megaproyecto Perfect Day en Mahahual.
El reconocimiento judicial de riesgos al ecosistema de manglar, al derecho al agua y a la frágil infraestructura local confirma que las autorizaciones de uso de suelo se otorgaron sin la certeza ambiental necesaria. Aunque se argumenta que los cambios también buscan regularizar asentamientos como Las Casitas, la coincidencia con la aprobación del proyecto turístico genera sospechas legítimas.
La falta de consulta pública y la premura en avalar licencias sin resolutivo de Semarnat refuerzan la percepción de opacidad. Mahahual necesita inversión, pero no a costa de la legalidad ni del entorno natural. El precedente que pueda sentar este juicio será clave para definir si el desarrollo turístico en Quintana Roo se construye con respeto a la comunidad y al medio ambiente, o con decisiones apresuradas y cuestionables. ¿Será?