Un fraude al patrimonio maya
La reconstrucción de monumentos mayas en el Parque de la Memoria Báalam Tun en Chetumal es un ejemplo alarmante de cómo la falta de rigor técnico y transparencia puede derivar en un atentado contra la historia.
El informe de expertos del INAH revela que las 47 estructuras trasladadas son meras fachadas, despojadas de sus núcleos originales y montadas como escenografías modernas. Se trata de una lesa arqueología que destruye el contexto astronómico y ritual de los templos mayas, anulando su valor científico y cultural.
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El uso de maquinaria pesada, la ausencia de protocolos claros y la contradicción en documentos oficiales refuerzan la percepción de que este proyecto no preserva, sino falsifica. Lo que se presenta como patrimonio es, en realidad, un decorado turístico sin autenticidad, un precedente peligroso que amenaza la memoria arqueológica de México. ¿Será?
La justicia no debe diluirse en amparos
El caso del exgobernador Mario Villanueva Madrid refleja cómo la burocracia judicial puede convertirse en un terreno fértil para la evasión de responsabilidades. A pesar de haber sido sentenciado a más de 36 años por delitos contra la salud y vínculos con el Cártel de Juárez, Villanueva ha logrado extender beneficios como la prisión domiciliaria bajo argumentos de salud y pandemia, mientras su defensa multiplica recursos legales para evitar su regreso a un penal federal.
La insistencia en obtener libertad condicionada y cuestionar el Ceferepsi parece más una estrategia de dilación que un reclamo legítimo.
La sociedad merece que las sentencias se cumplan con firmeza: prolongar indefinidamente privilegios a un exmandatario condenado por narcotráfico envía un mensaje equivocado de impunidad y erosiona la confianza en el sistema de justicia. ¿Será?
Empresas incumplen con la Ley Silla
El hecho de que 15 empresas enfrenten expedientes por incumplir la “Ley Silla” revela una preocupante falta de compromiso con la dignidad de sus trabajadores. Pese a contar con 180 días para adecuarse, muchas compañías decidieron ignorar una obligación básica: proporcionar asientos con respaldo para garantizar pausas de descanso.
Este incumplimiento no es menor; evidencia la resistencia de ciertos sectores empresariales a reconocer que la salud y el bienestar laboral son derechos, no privilegios.
Mientras el 65% de los centros supervisados ya cumple, el resto se aferra a prácticas obsoletas que exponen a sus empleados a largas jornadas de pie, con consecuencias físicas y emocionales. Las multas previstas son necesarias, pero lo más grave es la cultura empresarial que sigue priorizando la rentabilidad sobre la humanidad. ¿Será?