La crisis en Urbi Villas del Rey, en Cancún, llegó a un punto límite: un tribunal federal lanzó un ultimátum para resolver la falta de agua y drenaje que por años ha afectado a miles de familias.
El fallo obliga a autoridades y a la desarrolladora a actuar de inmediato y fija un plazo de tres días para iniciar soluciones concretas.
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Un fallo que obliga a actuar, no a prometer
El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito confirmó una sentencia previa y dejó claro que las irregularidades en este desarrollo no pueden seguir ignorándose.
La resolución —emitida el 19 de febrero de 2026— ordena garantizar servicios básicos como agua potable, drenaje y un cárcamo funcional.
Si no hay cumplimiento, el Gobierno de Quintana Roo deberá ejecutar una fianza superior a 12.5 millones de pesos para realizar las obras en un plazo máximo de seis meses.
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Años de vivir entre fallas y aguas negras
Para los habitantes, el fallo llega después de más de una década de problemas: drenajes colapsados, aguas negras y carencias en servicios esenciales.
No se trata de un caso menor. En este fraccionamiento viven más de 4 mil familias, muchas de las cuales han tenido que adaptarse a condiciones precarias.
"La justicia ya habló”
Mónica Huerta, de la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), subrayó que la resolución marca un antes y un después.
“El fallo deja claro que no se puede permitir que las familias vivan sin servicios básicos”, afirmó.
Además, explicó que la sentencia obliga a las autoridades a reconocer el incumplimiento del desarrollador y a iniciar acciones legales.
Un problema que se repite en Cancún
El caso no es aislado. En Cancún existen al menos 150 fraccionamientos sin municipalizar, donde los habitantes pagan predial, pero no reciben servicios públicos.
Este vacío legal ha dejado a miles de familias en condiciones similares.
Un precedente que puede detonar más demandas
El fallo abre la puerta para que otros ciudadanos recurran a la vía legal para exigir servicios básicos y vivienda digna.
Ahora, la presión está sobre autoridades y desarrolladores: el plazo ya corre.
