El aseguramiento de armas en Quintana Roo ha pasado de ser la muestra del poderío de las bandas criminales a un lugar común en los boletines de prensa institucionales. Fuera de la espectacularidad con la que se presenta en las imágenes, el tráfico de armas en Quintana Roo es un factor del que poco se habla y mucho menos se informa de la rutas, qué se hace con los aseguramientos y en dónde se almacenan.
Entre enero de 2025 y marzo de 2026, las autoridades reportaron el aseguramiento de más de 573 armas de fuego en el estado que no solo se usan en las riñas entre los cárteles del narcotráfico, sino que están asociadas a los asaltos y ejecuciones a mano armada.
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El monopolio de Sedena frente al mercado negro
En México, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es la única dependencia autorizada para fabricar, ensamblar y comercializar armas de fuego en el país. Esta facultad está estipulada en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
La Sedena, a través de la Dirección General de Industria Militar, fabrica el armamento para las fuerzas armadas y es la única institución facultada para producirlo lícitamente en el territorio nacional. Es también la única autoridad encargada de evaluar, aprobar y expedir las licencias y permisos para la adquisición, posesión (solo dentro del domicilio) y portación (fuera del domicilio) de armas de fuego.
Por obvias razones, al no poder comprar armas de forma legal, los grupos delictivos locales importan ilegalmente armamento de alto poder. Un ejemplo de este tipo de adquisiciones son las 44 armas de fuego, granadas, silenciadores y equipo táctico que aseguró la Marina a operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación, en noviembre del año pasado, en Cancún.
Las rutas del trasiego: De Yucatán al norte del estado
De las rutas de acceso del armamento poco se conoce. Sin embargo, informes de inteligencia nacional ubican la ruta de Trasiego vía Yucatán, el estado con más los más bajos índices delictivos a nivel nacional.
Diversas células delictivas utilizan las carreteras de Yucatán como zonas de paso para introducir ilegalmente armas que tienen como destino final los municipios turísticos de Playa del Carmen y Benito Juárez. De ahí se distribuyen a otras demarcaciones del norte y del sur de Quintana Roo.
El Gobierno de México identifica a Quintana Roo dentro de la franja afectada por el tráfico de armas en la frontera sur. Aunque en volumen es menor comparado con la frontera norte, existe un flujo constante de armas cortas remanentes de conflictos armados centroamericanos e importaciones ilegales.
De acuerdo con cifras de la Cancillería y de seguridad del estado, hasta un 80% de los delitos de alto impacto en las zonas turísticas de Quintana Roo se cometen al utilizar armas largas y cortas introducidas por el mercado negro.
Penas severas que no logran intimidar al crimen
En México, las penas por portar armas sin el permiso de la Sedena varían de acuerdo con el con el calibre y si está catalogada como de uso exclusivo del Ejército.
La portación ilegal de armas largas o cortas de uso militar se considera un delito federal grave; la pena mínima para un arma corta de uso exclusivo de las fuerzas armadas es de tres años de prisión, mientras que para armas largas puede alcanzar hasta los 15 años de cárcel.
Pero las penas no intimidan a los criminales, como lo muestra uno de los más recientes comunicados (25 de mayo) de la Fiscalía General del Estado: en un cateo en Felipe Carrillo Puerto, las autoridades aseguraron siete armas de fuego largas, tipo AK-47 y R-15; dos armas de fuego cortas calibre 9 mm; un arma de fuego tipo lanza granadas; 90 cartuchos útiles calibre 5.56 mm, todo lo anterior de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Mientras se asienta la política de paz en Quintana Roo, las autoridades deben redoblar su inteligencia para incautar el armamento por las rutas que todo el mundo involucrado en la seguridad conoce, pero que la corrupción permite que se hagan de la vista gorda.
