El Poder Legislativo aprobó por mayoría reformas históricas a la Ley del Notariado Quintana Roo para impedir que deudores alimentarios morosos y personas con antecedentes de violencia familiar o delitos sexuales obtengan o conserven una patente de notario público en la entidad. La medida busca garantizar que quienes ejerzan la fe pública cumplan con los más altos estándares éticos y de responsabilidad civil.
A través de esta modificación legal, el Congreso de Quintana Roo incorpora nuevos requisitos de idoneidad y buena reputación. El objetivo primordial es fortalecer la confianza ciudadana en las notarías públicas, dada la alta relevancia jurídica y patrimonial de sus funciones.
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Nuevos impedimentos para obtener patentes de notarios
Las modificaciones integradas al artículo 38 de la Ley del Notariado Quintana Roo establecen que ninguna persona podrá acceder a una titularidad si cuenta con sentencia firme por delitos contra la vida, feminicidio, violencia familiar, violencia vicaria o delitos sexuales.
De igual forma, estar inscrito en el registro de deudores alimentarios Quintana Roo operará como un impedimento legal automático para los aspirantes.
Causales de revocación y la Ley 3 de 3 Quintana Roo
La diputada Jimena Pamela Lasa Aguilar explicó que esta reforma extiende los principios de la Ley 3 de 3 Quintana Roo hacia el sector notarial. Las reformas al artículo 162 de la legislación local estipulan que la patente será revocada si el notario es condenado por los delitos antes mencionados.
"Las y los notarios ejercen un cargo de mucha confianza y fe pública. Era necesario que esta responsabilidad fuera acorde con la investidura que tienen", señaló la legisladora Lasa Aguilar.
Plazos para deudores alimentarios vigentes
Aunque la reforma no tiene efectos retroactivos para casos penales anteriores, sí obliga a los notarios actuales con adeudos de pensión a regularizarse. Los implicados dispondrán de un plazo de 30 días hábiles para liquidar sus deudas alimentarias si desean evitar la pérdida de su patente.
Con este marco legal alineado a tratados internacionales como la Convención de Belém do Pará, Quintana Roo blinda sus instituciones y protege prioritariamente los derechos de las infancias y las mujeres.
