El Juzgado Quinto de Distrito ordenó formalmente al Ayuntamiento de Benito Juárez y al Gobierno del Estado de Quintana Roo ejecutar una fianza de 12.7 millones de pesos a la empresa CYD Desarrollos Urbanos. Este recurso federal se destinará de manera inmediata a completar las obras pendientes de agua potable y alcantarillado en el fraccionamiento Urbi Villas del Rey, resolviendo una problemática que afecta la salud de cientos de familias en Cancún.
Nahielli Margarita Orozco Lozano, secretaria municipal de Ecología y Desarrollo Urbano en Benito Juárez, confirmó que la administración municipal ya recibió la notificación oficial y se encuentra implementando el procedimiento administrativo para hacer efectiva esta robusta garantía económica.
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Plazos urgentes para Benito Juárez y Sedetus
El mandato judicial surge tras la resolución del amparo en revisión 280/2024, emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Sétimo Circuito. La sentencia impone tiempos estrictos e institucionales para resarcir las deficiencias del desarrollo habitacional.
“Nosotros como municipio nos dieron un mes para avisarle a Sedetus (Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable) y a ellos les dieron un plazo de 30 días, porque la última sentencia fue ya que se ejecutara la fianza. Ejecutar la fianza corresponde al municipio porque está a favor del ayuntamiento; apenas nos notificaron y estamos ya en el procedimiento”, detalló Orozco Lozano.
La intervención legal de la fianza faculta a las autoridades gubernamentales a ejecutar de manera directa las obras hidráulicas faltantes en un plazo máximo de seis meses, sustituyendo la omisión y el flagrante incumplimiento de la desarrolladora inmobiliaria.
Multas por desacato en el fraccionamiento Urbi Villas del Rey
Esta resolución judicial llega apenas semanas después de que la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) informara que un juez federal impuso una multa cercana a los 27 mil pesos a la Sedetur. La sanción económica se debió al constante retraso e incumplimiento de las sentencias previas relacionadas con la construcción de una planta de tratamiento.
El colapso del sistema de aguas residuales en el fraccionamiento Urbi Villas del Rey mantiene en riesgo ambiental y sanitario a las familias de la zona, una situación que el Tribunal ordenó corregir con urgencia.
Bajo este nuevo fallo judicial, la Sedetur no solo debe iniciar de inmediato las obras que tiene pendientes, sino que estará obligada a presentar informes quincenales obligatorios ante el juez de distrito sobre los avances del proyecto técnico. Las autoridades advirtieron que, de mantenerse el desacato o la simulación, el caso podría escalar a responsabilidades de carácter penal para los servidores públicos involucrados.
El Tribunal Colegiado fue contundente al establecer que tanto el gobierno estatal de Quintana Roo como los municipios tienen la estricta obligación constitucional de garantizar condiciones dignas de habitabilidad para los ciudadanos, protegiendo su derecho humano al acceso al agua potable, un drenaje completamente funcional y sistemas adecuados de saneamiento básico.
