El paquete de reformas de la Segob en Quintana Roo ingresará al Congreso local como parte de la agenda legislativa prioritaria para el arranque del tercer año del ejercicio gubernamental.
La titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Cristina Torres Gómez, confirmó que el proyecto contempla la armonización con el marco jurídico federal en materia de búsqueda de personas, atención a víctimas y modernización judicial.
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Homologación de leyes de Búsqueda, Víctimas y Juventud
Entre los ejes centrales del paquete legislativo destaca la adecuación de la legislación estatal con las leyes generales en materia de Búsqueda de Personas, así como modificaciones a la Ley de Víctimas del Estado y la Ley de Juventud. Según la funcionaria, estas iniciativas ya se encuentran en fase de revisión técnica para ser enviadas al Poder Legislativo.
Asimismo, la propuesta incluye cambios normativos al Registro Público de la Propiedad y del Comercio para habilitar un nuevo sistema electrónico de tramitación que simplifique la certeza jurídica patrimonial en los 11 municipios de Quintana Roo.
Avances en la impartición de justicia y unificación regional
En materia de procuración e impartición de justicia, Torres Gómez destacó un incremento en la eficacia institucional, reflejado en sentencias por feminicidio, abuso sexual y un mayor número de vinculaciones a proceso por delitos de alto impacto.
Un cambio clave señalado por la funcionaria es la unificación de criterios jurídicos entre la zona norte, centro y sur del estado, reduciendo las disparidades operativas que existían entre municipios. Además, resaltó la creación de juzgados especializados en narcomenudeo para agilizar los juicios.
Implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares
Quintana Roo avanza de forma paralela en la puesta en marcha del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Dependencias como la Consejería Jurídica, la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Registro Público participan en las capacitaciones operativas.
La funcionaria sostuvo que el sistema prácticamente se encuentra en fase de arranque, por lo que las distintas dependencias estatales adecuan sus capacidades operativas para responder a los nuevos estándares de justicia pronta y expedita.
