Por Julio Pilotzi
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En Quintana Roo, en donde se percibe una gran disparidad entre la zona norte y sur del estado, nos adelantan que el gobierno de Carlos Joaquín González pretende aprovechar el proyecto del Tren Maya como el detonador para equilibrar el nivel socioeconómico de la población. De entrada, nos confirman que el mandatario local ha girado instrucciones para facilitar el inicio de la megaobra que enlazará a Cancún con el municipio de Tulum, tramo que diversos empresarios han advertido es el más rentable de todo el proyecto, toda vez que conectará alrededor de 100 mil cuartos de hotel disponibles en la región.

Aunque la propuesta de construcción de la vía se llevará apenas a consulta el próximo fin de semana, desde la cúpula de la cuarta transformación se han deslizado ya indicios de cómo se efectuarán los procesos de licitación para las empresas interesadas en participar, de entre las que destacan Grupo Vidanta, de Daniel Chávez, y Asur, de Alejandro Zozaya. Entre las principales apuestas del también ex subsecretario de Turismo se encuentra solicitar al gobierno de Morena que se ubique el centro de mantenimiento de los carros de tren en la capital de la entidad, Chetumal, ciudad que actualmente depende económicamente sólo de las actividades gubernamentales que ahí se generan.

ASF, CON LUPA EN EL CONAPRED

Entre los saldos de las ya múltiples caravanas de migrantes, nos dicen que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de David Colmenares Páramo, detectó serias irregularidades en el Consejo Nacional para Prevenir de la Discriminación, que preside Alexandra Haas; en específico con la justificación de los gastos reportados para la implementación de sus programas. Por lo tanto, en la ASF se preguntan si en la Secretaría de Gobernación, de Alfonso Navarrete, tendrán conocimiento de que uno de sus órganos dependientes invirtió una millonaria suma en proyectos que no contemplaron compromisos, actividades a realizar o indicadores para medir el cumplimiento de las metas trazadas.

BANCARROTA DE GEO

Finalmente lo inminente llegó a Casas Geo. La empresa que fundaron Luis Orvañanos, Eustaquio de Nicolás y Cuauhtémoc Pérez Román se declaró en bancarrota. No hay más “cash” para continuar con el negocio. Se ha ordenado la disolución y liquidación de la compañía, por lo que su asamblea designó a Daniel Tapia Izquierdo como liquidador. En 2013 y 2014, enfrentó una brutal crisis, de la cual logró salir en 2015 del concurso mercantil. Apenas en marzo habían informado sobre una inversión de dos mil 920 millones de pesos para su plan de negocios 2018-2023, el cual tristemente nunca verá la luz. En el trayecto dejan graves problemas en conjuntos habitacionales; algunos careciendo de servicios básicos. Y ya ni busque información en su sitio web, ya que también ha desaparecido; así, un gigante de la vivienda que no pudo soportar un terremoto financiero del cual nunca supo cómo salir.

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