Por Eugenio Pacheco
CHETUMAL.- Las recientes reformas a la ley sobre venta y consumo de bebidas alcohólicas en la que se solicitan nuevos requisitos, se reclasifican los giros y se regulan enérgicamente los horarios obstaculizan y encarecen los trámites, además de que los obliga a realizar inversiones y gastos para cumplir las exigencias legales.
Lo anterior lo dio a conocer el presidente de la Unión de Propietarios de Restaurantes, Bares y Similares de Chetumal, Joaquín Noh Mayo, quien dijo que se ha solicitado a los diputados del Congreso local que se les aclare los alcances de la ley.
Apenas comienza el año y dos establecimientos en Chetumal anunciaron su cierre definitivo, entre otras cosas por la difícil situación económica que no genera ventas que permitan sostener sus operaciones o por la carga que significa el incremento en el pago de derechos que se requieren para mantener abiertas sus puertas.
En el dictamen aprobado por los diputados los últimos días de diciembre de 2018, se requiere que los empresarios del ramo con venta de bebidas alcohólicas, de manera obligatoria instalen y pongan a disposición de la Secretaría de Seguridad Pública cámaras de videograbación, y cumplan otra serie de requisitos para coadyuvar con la prevención y combate a los delitos.
Además, se les exige el pago de un dictamen de anuencia trimestral emitido por la Secretaría de Seguridad Pública, requisito que si no es cumplido podría generar hasta la cancelación o retiro de la licencia para venta de alcoholes.
El representante empresarial dijo que, en la determinación de los diputados para aprobar estas reformas legales, no se tomó en cuenta la difícil situación económica del empresariado de Chetumal, que es diferente a la que mantienen los establecimientos del norte del estado, donde la delincuencia es mayor.
“Si bien los cambios en la ley están basados y argumentados en mejorar la seguridad, se basaron más en lo que pasa en la zona norte, no se están dando cuenta que en la zona norte hay una economía bastante alta, y una zona centro-sur con una economía bastante baja, sobre todo el sur. Esto que se aprueba viendo lo que pasa en la zona norte perjudica a la zona sur, por todo los trámites, los nuevos requisitos y los costos que podría tener”.
El empresario reclamó también que nadie, menos los diputados del Congreso, se tomaron la molestia de explicarles o informales de qué se tratan estas modificaciones; tampoco tomaron en cuenta las posibles propuestas que trataron de presentar para no lesionar su economía y evitar el cierre de más establecimientos de este tipo.
“Necesitamos que se nos aclaren los alcances de esta nueva ley, lo poco que hemos leído y sabido no es claro, es confuso; y si lo que dice la ley es claro y será de aplicación puntual entonces están atentando contra nuestra economía y favoreciendo el cierre de la micro, pequeña y mediana industria, y dando la oportunidad a la llegada de grandes empresas para quedarse con las patentes”.
MODIFICACIONES A LA LEY
Los nuevos requisitos que más preocupan a los empresarios, y que se busca sean aclarados, según Joaquín Noh mayo, está la obligación de tener en los establecimientos un dispositivo de alcoholímetro para medir la cantidad de alcohol ingerido por los clientes, y hasta un vehículo como una medida alterna de transporte para los que hayan ingerido cantidades significativas de alcohol. Esto para evitar que manejen y sean un riesgo de accidentes.
También, tendrán que pagar de manera trimestral y anual un dictamen de anuencia para que la Secretaría de Seguridad Pública revise y valide los protocolos y medidas de seguridad interna de los establecimientos, entre otros.
A partir de la entrada en vigor de estas reformas se ordena una reclasificación para los giros con venta de bebidas alcohólicas.