DOLORES COLIN
Si bien para todas las pasadas administraciones su informe de Gobierno era su momento estelar para lucir las obras y acciones de su gestión

El Gobierno de México a través del canciller Marcelo Ebrard con el acompañamiento del Congreso de la Unión, tomó una acción con el objetivo de detener el tráfico ilícito de armamento en la República.

El mercado negro de armas tiene vínculos con el narcotráfico y por ende las autoridades han señalado como el responsable del incremento de homicidios, feminicidios, extorsiones.

La Secretaría de Relaciones Exteriores estima que más de 2.5 millones de armas se encuentran en territorio nacional de manera ilegal en los últimos años.

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Por ello, en Massachusetts se interpuso la demanda en contra de 11 fabricantes, miembros de la industria de comercio de armas de Estados Unidos de América.

En lo que va de la administración del Presidente López Obrador el número de delitos se ha incrementado.

Tan solo en el mes de mayo, con cifras del Secretariado hubo dos mil 963 homicidios, la cifra más alta de los últimos 23 años en México, lo que representa 100 homicidios diarios uno cada quince minutos.

Y en los motivos de la demanda, Ebrard señaló que entre un 70 a 90% de las armas recuperadas en los escenarios criminales fueron compradas ilegalmente desde el vecino país del norte.

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Sin embargo, la respuesta de los empresarios estadounidenses de la industria de armas de fuego es contundente:

“El hecho de que se trafique, no es culpa de quienes venden armas, en dado caso es culpa del Gobierno de México”

Ya veremos el resultado de la demanda que se interpuso en Boston, Massachusetts. Sin embargo, no podemos dejar de ver que México tiene mucho que hacer en el cuidado de las fronteras y hacer todo lo que se tenga que hacer para eliminar el mercado negro de armas que permitirá a nuestro país a avanzar a los escenarios por la paz.

 

SUSURROS

  1. El Ministro Presidente de la Corte, tomó una decisión fundamental para el Poder Judicial. Y puso fin a la inquietud que provocó el artículo 13 transitorio de la Reforma Judicial al rechazar la ampliación de su gestión por dos años más. Y ahora tiene hasta el 31 de diciembre de 2022 para poner en operación la Reforma Judicial.

 

La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP) que encabeza el capitán Salvador López Contreras y el Observatorio Nacional Ciudadano que preside el doctor Francisco Rivas Rodríguez, acordaron compartir información, conocimientos, experiencias, equipos y tecnología para elaborar estrategias adecuadas para prevenir y enfrentar la grave inseguridad que se vive en el país.

Ambos organismos determinaron implementar acciones para prevenir y enfrentar con inteligencia y de mejor manera a la delincuencia que opera en el país.

Por ello, colaborarán para determinar cómo están actuando los grupos delictivos, que viven las empresas en materia de inseguridad, los ciudadanos y las organizaciones.

A partir de ahí, trazar los modus operandi de estos para elaborar soluciones, protocolos de actuación y la tecnología necesaria para enfrentarlos con éxito.

 

@rf59

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