El Congreso de Quintana Roo, cuya Junta de Gobierno y Coordinación Política está a cargo de Eduardo Martínez Arcila, presupuestó para 2022 un total de 99.5 millones de pesos para el rubro de las polémicas ayudas sociales, algo para lo cual no tiene competencia y que representa el 20.5 por ciento del presupuesto total aprobado para el Poder Legislativo.
El monto, ya aprobado, reflejado en el Presupuesto de Egresos 2022, alcanzó un récord histórico, en un contexto en el que se avecinan elecciones para renovar, precisamente, el Legislativo, además de la gubernatura.
Mariana Belló, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), reprobó el aumento, la opacidad y discreción de su uso e insistió en que el Congreso no tiene facultades para repartir ayudas sociales.
“El mensaje más contundente y más indignante es: dos de cada 10 pesos que asigna el poder legislativo del estado se usan para lo cual no tiene funciones”, criticó Belló.
El principal problema, explica, es que el otorgamiento de ayudas directas –ese gasto que se pone a disposición de cada uno de los integrantes de la legislatura para que estos decidan unilateralmente su destino y sus posibles beneficiarios– es ajena, excede y contraria las funciones constitucionales del Poder Legislativo.
Y es que en ninguna de las 55 fracciones del Artículo 75 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, mediante el cual se establecen las facultades del Legislativo, se encuentra la atribución para otorgar “ayudas sociales” directas a la población.
Se trata de una situación de autoasignación de funciones administrativas, lo cual viola la división de poderes, contraría la Constitución y, además, viola al menos un derecho humano y tres constitucionales: a vivir en un ambiente libre de corrupción, a la igualdad y no discriminación, a la buena administración de los recursos públicos y al de la transparencia y el acceso a la libre información, según expone Belló y otros dos quejosos en un amparo que interpusieron para echar por tierra las ayudas sociales del Congreso, el cual, vale apuntar fue sobreseído, aunque recientemente recurrido.
PODRÍA INTERESARTE: Crece el número de embarcaciones piratas
Polémicas “ayudas sociales” en el congreso de Arcila
Vale resaltar que, aunque el Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que, en caso de “apoyos”, el ente debe disponer de información relativa al diseño, objetivos, alcances, mecanismos de evaluación, reglas de operación y padrón de beneficiarios, lo cual ha incumplido el Congreso sistemáticamente.
Aunque se han comprobado gastos irregulares en el Congreso de Quintana Roo por concepto de ayudas sociales, ejercicios muy por arriba de lo aprobado, opacidad y discreción, el manejo de esta bolsa millonaria no ha cesado y, muy por el contrario, se ha aumentado.
De 2016 a 2018, según documentó la organización Somos tus Ojos, la pasada Legislatura del Congreso de Quintana Roo gastó 147.6 millones de pesos en ayudas sociales, con irregularidades como falsificaciones de firmas en supuestas ayudas sociales y repartos a discreción y en la opacidad.
En 2021, año de elecciones intermedias, se aprobaron 75.5 millones de pesos para el reparto de apoyos, y ese monto se modificó y aumentó 17 millones de pesos, es decir, lo dispuesto para el año pasado escaló a 92.8 millones de pesos.
Hasta octubre, de acuerdo con datos reportados por la Sefiplan, se ejerció la mayoría del monto aprobado: 75.3 millones.
“Es casi seguro que hayan rebasado el monto aprobado”, dijo Belló.
Síguenos en nuestras redes sociales ƒô▒ƒô▓