A más de cuatro años de su creación, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Quintana Roo carece de instalaciones, reconoció su titular, Rosaura Villanueva Arzápalo.
“Seguimos en lo mismo, pues la Fiscalía General nos presta instalaciones. Ya rentamos un inmueble pequeño en ciudad capital (Chetumal), a efecto de tener las condiciones como marca la Ley General de Archivos y tener nuestra área de archivos”, dijo la fiscal.
Han desconcentrado, además del área de archivos, algunos temas administrativos.
Sin embargo, aún hay muchas más carencias.
Entre ellas, comentó Villanueva, en temas periciales, pues solo hay un perito de investigación para todo el estado.
Hay en todo el estado solo dos oficinas de representación de una de las fiscalías más trascendentes del estado, una es la referida en Chetumal y otra en Playa del Carmen.
En Cancún se gestiona una nueva unidad, sin embargo, aún no se concreta el plan. En esta zona, policías itinerantes y fiscales utilizan las oficinas de la Fiscalía General.
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Crece fiscalía anticorrupción de instalaciones
Por otro lado, la fiscal aseguró que este 2022 buscarán entablar diálogo con los diputados para que saquen de la congeladora la iniciativa de reforma que propone la autonomía plena de la Fiscalía.
“Es uno de los retos para este año”, aseguró Villanueva.
En la Política Estatal Anticorrupción, elaborada y publicada desde 2020 por el Sistema Estatal Anticorrupción, así como en el plan de implementación, se establece como objetivo conseguir la autonomía plena y no solo presupuestal, de gestión y operativa como hasta ahora se tiene.
En otro tema, la fiscal recordó que se avanzar en la recuperación de más de mil 600 millones de pesos en 2021 derivado de las actividades principales del ente público y de abatir el rezago de carpetas de 2018.
Además, destacó que en 2021 se destinaron 220 horas a la capacitación de 278 servidores públicos.
Villanueva enfatizó que en ese año fueron el primer sujeto obligado en el estado que cumplió al 100 por ciento con la publicación de las obligaciones de Transparencia.
Ricardo Hernández
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