Un juzgado federal concedió la suspensión definitiva de las ayudas sociales que otorga el Congreso de Quintana Roo, en respuesta al amparo presentado por el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
Lo anterior fue dado a conocer este miércoles por Alejandra Rodríguez, integrante del CPC, en conferencia de prensa en la que precisó que la audiencia en la que se resolvió el sentido de la suspensión del amparo con número de identificación 147/2022 se llevó a cabo el pasado 28 de febrero.
José Roldán Xopa, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), quien asesoró a los quejosos en el proceso de amparo, explicó que “si recordamos, el juez ya había dado una suspensión provisional, con el siguiente efecto: que el Congreso debe informarle al juez cada una de las disposiciones que se hagan del fondo, los recursos, sobre las ayudas sociales. La obligación que tendrá el Congreso es de informar sobre cada peso de ayudas sociales. ¿Quién lo ordenó?, ¿cuánto se da?, ¿a quién?”.
Y es que, aunque el Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que, en caso de apoyos, el ente debe disponer de información relativa al diseño, objetivos, alcances, mecanismos de evaluación, reglas de operación y padrón de beneficiarios, el Congreso sistemáticamente ha incumplido, por lo cual se ha impedido revisar y evaluar su ejercicio
Por eso y por un rosario más de motivos se han tramitado en total cinco amparos desde el año pasado para intentar echar por tierra las ayudas sociales, de los cuales sólo el del CPC ha fructificado.
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En el amparo del CPC se aluden los ejercicios de recursos muy por arriba de lo aprobado, la opacidad y discreción de su reparto, así como el hecho de que el uso de este recurso, que de enero a septiembre del año pasado fue de 75.5 millones de pesos, es ajeno, excede y contraría las funciones constitucionales del Poder Legislativo.
Se trata, según se lee en los amparos, de una situación de autoasignación de funciones administrativas, lo cual viola la división de poderes, contraría la Constitución y, además, viola al menos un derecho humano y tres constitucionales: a vivir en un ambiente libre de corrupción, a la igualdad y no discriminación, a la buena administración de los recursos públicos y al de la transparencia y el acceso a la libre información, se argumentó en el recurso que finalmente fue sobreseído y que recurrirán en los próximos días, anunció Roldán Xopa.
Este jueves se celebrará la audiencia constitucional del amparo promovido por el CPC, en la que se resolverá el asunto de fondo, si es que no se difiere.
“Tenemos mucha esperanza de que esto prospere y que lleve la misma línea que la suspensión”, dijo Rodríguez.
Ahora bien, la suspensión y la eventual sentencia afirmativa no implica que se prohíba a los diputados ejercer recursos de ayudas sociales, sino que ahora tendrán que informar a detalle su uso.
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