Pese a los recurrentes casos que involucran población indígena, la Procuraduría Agraria de Quintana Roo no cuenta con ningún perito que hable lengua indígena.
De acuerdo con una solicitud de información, el organismo informó que carece de peritos que mayahablantes que pudieran tratar directamente con indígenas.
“La Procuraduría Agraria en la representación estatal de Quintana Roo no contó con peritos habilitados por esta Dirección General que hablaran lenguas indígenas, adscritos a la institución”, respondió el organismo.
No obstante, aclaró en el documento, la Procuraduría, a través de la Dirección General de Conciliación y Servicios Periciales cuenta con tres peritos adscritos a ésta, en materia topográfica y contable para la atención de las solicitudes de los servicios periciales que le son gestionados a nivel nacional.
Asimismo, añadió, las representaciones estatales de Durango, Guanajuato y Oaxaca cuentan con un perito habilitado cada uno para brindar el apoyo correspondiente.
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Ausencia de peritos de habla indígena en procaduría a agraria
Sin embargo, ninguno de ellos habla lengua indígena.
La Procuraduría Agraria es una institución de servicio social de la Administración Pública Federal, dedicada a la defensa de los derechos de los sujetos agrarios, brinda servicios de asesoría jurídica, arbitraje agrario y representación legal, promueve la conciliación de intereses, la regularización de la propiedad rural y el fortalecimiento de la seguridad jurídica en el campo.
Fomenta la organización agraria básica para la producción y mejor aprovechamiento de sus tierras y recursos naturales, a través de las acciones que coadyuvan al desarrollo rural sustentable y al bienestar social.
El organismo se presenta a sí misma como “la mejor institución de la Administración Pública Federal, reconocida por su excelencia en la prestación de sus servicios a todos los actores inmersos en el sector rural y en su carácter de ombudsman agrario, con una filosofía humanista, expresada en la calidez, trato y mejora continua, que se traducen en un permanente acercamiento con los sujetos agrarios a través de la defensa de sus derechos, ordenamiento de su propiedad, acompañamiento en sus proyectos para el desarrollo rural sustentable, que se manifiesta en una mejor calidad de vida en el campo mexicano”.
Ricardo Hernández
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