A nivel nacional, Quintana Roo ocupa la posición número 13 al contabilizar 155 procedimientos médicos legales de interrupción de embarazo desde que se despenalizó esta práctica en la Ciudad de México, detalla el reporte “Interrupción legal del embarazo (ILE), abril 2007-30 septiembre 2021”.
Ello, situó al estado como el primero de la región sureste al reportar el mayor número, pues Chiapas contabilizó 79 casos; seguido de Tabasco con 62; Yucatán con 49 y Campeche, 16.
Aunque los casos reportados fueron mayores a los de Nuevo León con 153; Aguascalientes con 151; Zacatecas con 104; Baja California con 77; Chihuahua con 70; Tamaulipas con 65; Nayarit con 61; Coahuila con 52; Sonora con 48; Durango con 47; Baja California
Sur con 40; Sinaloa con 37 y Colima 34, además de 62 extranjeros registrados.
Sin embargo, las mujeres de las entidades que más recurrieron a este proceso fueron 166 mil 298 de la Ciudad de México; 65 mil 163 del Estado de México; mil 511 de Puebla; mil 331 de Hidalgo y 927 de Morelos.
PODRÍA INTERESARTE: Van por ente regulador de aguas residuales
Registran 155 intervenciones legales de embarazo
Por otra parte, debido a que integrantes del Congreso del Estado de Quintana Roo “congelaran” la modificación legal que pretendía despenalizar la interrupción del embarazo, la iniciativa de decreto turnada a las comisiones legislativas de Justicia, Derechos Humanos y de Salud y Asistencia Social agotó el plazo legal para que fuera dictaminada en comisiones el pasado 4 de marzo, por lo que se desechará por caducidad como en cuestión de plazos legislativos dicta la Constitución estatal.
Lo anterior, es porque en el artículo 73, párrafo segundo, del máximo ordenamiento de Quintana Roo se establece que, si la iniciativa de ley o decreto fue presentada, pero no aprobada por la Legislatura en los plazos acordados en su ley orgánica y reglamento para el gobierno interior se considerará por ese hecho como desechada.
Hay que recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que es inconstitucional criminalizar su práctica, pues determinó que los congresos locales no tienen competencia para definir cuándo empieza la vida ni para ampliar y anteponer los derechos del producto por encima de los adquiridos por las personas nacidas, específicamente sobre las mujeres y las gestantes.
Yuselim Reyes
Síguenos en nuestras redes sociales ƒô▒ƒô▓