Ayer se cumplieron 15 años de la despenalización del aborto durante las primeras 12 semanas, en la Ciudad de México.
De acuerdo con las cifras oficiales, en este lapso se han practicado 247,410 abortos en las Unidades Médicas de la Secretaría de Salud capitalina.
Un análisis realizado por la organización Dales Voz, señala que 13,526 abortos fueron practicados en menores y adolescentes; es decir, 6% del total.
El estudio se refiere sólo a las cifras oficiales del Gobierno capitalino pero como las clínicas privadas no reportan a la autoridad los números de abortos practicados, es imposible conocer el número exacto de ellos.
Lo que preocupa a un sector de la población, de acuerdo con Rafael Vincent Morfín Calvo, abogado e integrante del área jurídica de Dales Voz, es el alto porcentaje de mujeres que reinciden en esta práctica.
Cuando se discutió la reforma a la Ley de Salud, se proyectó que no más de 2% de las mujeres que abortaran reincidirían.
Sin embargo, según la propia Secretaría de Salud de la CDMX, alrededor de 13 mil mujeres han abortado dos o más veces.
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Considerando los últimos 5 años (2017-2021), en promedio 16% de las mujeres que llegaron a un hospital público capitalino a abortar ya habían tenido al menos un aborto previo.
En el 2021, de las 12,295 mujeres que acudieron a abortar, 2,163 (18%) ya habían acudido a realizarse uno o más abortos previos.
Pese a la reforma a ley que despenalizó la práctica, Morfín Calvo explicó que la clandestinidad no acabó si se considera la proliferación de sitios web que ofrecen todo tipo de servicios, desde pastillas abortivas hasta procedimientos quirúrgicos sin vigilancia de autoridad alguna.
El estudio establece, de acuerdo con los datos más actuales del Censo Nacional de Procuración y Justicia Estatal (2020), que los delitos sexuales cometidos contra mujeres capitalinas -registrados en las carpetas de investigación abiertas por el Ministerio Público o el Ministerio Público especializado en adolescentes- durante el año 2019, alcanzaron un total de 6,146 casos.
De los delitos registrados, 2,293; es decir 37%, correspondieron a niñas y adolescentes. Tan sólo del delito de abuso sexual acumuló 2,831 casos, de los que 1,691 fueron de menores de edad.
El Gobierno de la CDMX ha facilitado la práctica del aborto pero no se ha preocupado por ofrecer otras alternativas a las mujeres embarazadas; no hay opciones en materia educativa, laboral o de vivienda, lo que bien puede decirse constituye también una forma de violencia institucional.
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Para el Gobierno federal el caso de Debanhi fue uno más; no mereció el tiempo que el presidente López Obrador dedicó, por ejemplo, a ventilar las propiedades de Carlos Loret.
Mientras eso ocurre, cientos de miles de mujeres siguen extrañando los refugios, las guarderías y las escuelas de tiempo completo que esta administración les canceló.
¿A dónde pueden acudir en caso de violencia familiar si no hay refugios? ¿Cómo pueden confiar que sus hijos “estarán bienÔÇÖÔÇÖ mientras trabajan si ya no hay guarderías ni escuelas con horarios prolongados?
Esas son las contradicciones del Gobierno “más feministaÔÇÖÔÇÖ de la historia.