Autoridades del Ayuntamiento de Puerto Morelos denunciaron este miércoles irregularidades en la administración de la exalcaldesa Laura Fernández Piña (quien ahora es candidata a gobernadora de Quintana Roo), por el orden de 503 millones de pesos.

En conferencia de prensa, Blanca Merari, actual presidente municipal, acompañada de regidores y titulares de diversas instancias denunciaron presuntos fraudes laborales, entre otras irregularidades.

Provenientes del análisis de la entrega-recepción, Leticia Ramírez, contralora municipal, halló 2 mil 500 observaciones que derivaron en más de 60 citatorios; se consignaron 24 asuntos que siguen su procedimiento administrativo. También hay tres denuncias de carácter penal. “La administración pasada nos heredó deudas, compromisos insostenibles”, dijo Merari.

Por su parte, Irma ávila Méndez, oficial mayor municipal, explicó adeudos al SAT y al SATQROO. Dijo que la deuda es de 18.9 millones por retenciones de sueldos y salarios, asimilados a salarios y por arrendamiento.

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En cuanto a la deuda al SAT Quintana Roo, dijo que se refiere a un préstamo de 30.3 millones de pesos de 2018. En enero de 2020 se firmó un convenio para el pago que no se cumplió, por lo que aún se deben 28.7 millones de pesos. Por pasivo de ISN se adeuda 11.1 millones de pesos. Y en cuanto al IMSS, dijo que no se han pagado 89.7 millones de pesos. “Derivado de dicho adeudo nos vimos imposibilitados de dar altas”, dijo ávila.

Sobre un presunto fraude laboral de Héctor Alcaraz Argote, exoficial mayor, aclaró que pasó de ser oficial mayor a asistente administrativo con el objetivo de estar sindicalizado con categoría A1. Una vez sindicalizado, regresó al puesto de Oficial Mayor. Lo mismo pasó el 6 de junio de 2021, para escalar en el nivel de sindicalización, al más alto escalafón, es decir, al 14.

Explicó que hay facturas por pagar a contratistas por 698 mil pesos de 2016. En 2017 el adeudo fue de 666 mil pesos, en 2018 quedaron pendientes 35 mil pesos; en 2019, 6.1 millones de pesos; en 2020 los pendientes fueron 7 millones de pesos y en 2021, 22.7 millones. En total se debe 37 millones 295 mil 876.26 pesos a proveedores. “Todas estas deudas están contabilizadas en facturas por pagar”. Se han hecho convenios con los proveedores para intentar solventar el asunto, dijo.

 

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También se detectó un avance de 0% en obras que ya habían sido pagadas en su totalidad. María de los ángeles López Barrientos, secretaria de Obras municipal, explicó que algunas no se dieron cuenta en el acta de entrega-recepción y existen denuncias penales por tres obras irregulares, supuestamente realizadas con recurso federal.
Karim de la Rosa, abogado del ayuntamiento, habló sobre las asociaciones público-privadas. Se firmaron dos contratos en este modelo por alumbrado público y construcción de un edificio público, por más de 800 millones de pesos en un periodo de 20 años. Fueron irregulares porque se adjudicaron montos muy superiores a lo aprobado por el Congreso del estado.

“Los contratos de asociación público-privados en alumbrado público y un edificio. Quisieron heredarnos el pago de los próximos 20 años de 830 millones de pesos, eso es el 30% de las participaciones federales en este tiempo”, dijo Merari.

El consejero jurídico, Jesymar Castillo Arangute, informó que se han recolectado pruebas para proceder legalmente. Algunos procedimientos se desahogan en Contraloría municipal, pero otros son de carácter penal. “Hemos interpuesto denuncias penales por acciones y omisiones de la administración que deben ser investigadas por las Fiscalías estatal y federal”, dijo.

Entre las penales se encuentra una por peculado, ante la Fiscalía federal y otra por defraudación a los regímenes de seguro social. La tercera es por negligencia en desempeño de sus funciones, fraude, peculado, entre otros, están ante la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo. Falta una por omisiones fiscales relativo a los adeudos del ISR e ISN.

 

Ricardo Hernández