El 14 de septiembre de 2016 se inauguró el Auditorio del Bienestar en Cancún, para de inmediato cerrarse por diversas anomalías y fallas estructurales. Han pasado seis años y dos gobernadores sin que opere y sin proyecto de reactivación.
El contrato de obra pública para construir el inmueble se dio en julio de 2014, durante la administración de Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo, hoy preso. Fue a precios unitarios y tiempo determinado, que celebraron la entonces Secretaría de Infraestructura y Transporte y la empresa FDL Compañía Constructora, representada por David Castellanos Rentería, de acuerdo con el documento firmado por ambas partes.
Los recursos provinieron del convenio entre la Sefiplan y la Federación para el otorgamiento de subsidios para proyectos de desarrollo regional 2014.
El contrato fue de 244 millones 759 mil 960 pesos y el plazo de ejecución fue de 210 días naturales, lo cual obligaba a la empresa a terminar el 8 de marzo de 2015.
La empresa terminó las obras, pero con una serie de fallas que impidieron su reapertura.
En la cláusula décima primera se establecía que el contratista estaba obligado a que los materiales y trabajos debían estar apegados a las normas establecidas por la Secretaría y a responder por los defectos que pudieran tener.
Evalúan obras
Al cambio de administración, con Carlos Joaquín ya como gobernador, la Secretaría de Obras Públicas de Quintana Roo elaboró un informe de la evaluación estructural, arquitectónica y proyecto ejecutivo y adecuación del auditorio, en poder de 24 HORAS QUINTANA ROO.
Del 24 de septiembre al 5 de octubre de 2018, trabajadores de la CFE y una consultora realizaron trabajos de campo para verificar la superestructura, revisión geotécnica, levantamientos topográficos.
Se dio cuenta de la ausencia de información en las memorias de cálculo.
“Resalta la ausencia de la descripción de las estructuras a diseñar, alguna descripción sobre la naturaleza del inmueble, de la naturaleza de las condiciones de carga durante su vida útil. No se mencionan notas o comentarios sobre condiciones del proceso de construcción o como este debiera ser considerado en el diseño”, apuntan.
Una de las mayores fallas fue en la estructura tridimensional que da al estacionamiento, ya que no se cumple con la resistencia requerida para soportar las diferentes solicitaciones de carga especificadas en la normativa aplicable.
Se necesita, por las fallas, reponer el terreno en las zonas de terraplén.
Presenciaron fisuras en las trabes de concreto y recomendaron proteger todos los elementos de acero contra la corrosión y ajustar la tensión necesaria de los contraventeos para que cumplan su función.
Y recomiendan un estudio geofísico para descartar presencia de oquedades o cavernas sobre la estructura.
El cableado eléctrico, apuntaron, ya no estaba cuando hicieron la revisión. El sistema de pararrayos no cumple con lo planteado en el plano.
En cuanto a las instalaciones hidrosanitarias se consignó que no hay dotación de agua potable suficiente, la cantidad de inmuebles sanitarios no son los necesarios.
Por otro lado, la separación de butacas no cumplió con la normativa, como tampoco lo hace los espacios destinados al almacenamiento de basura temporal.
También señalaron que no hay infraestructura inclusiva, apto para personas con discapacidad.
Ocultan información
El Comité de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo (Secoes), el 8 de octubre de 2021, decidió de manera unánime clasificar como reservada por cuatro años el expediente sobre el peritaje que se realizó a las obras del auditorio y la auditoría, lo cual impide revisar la información hasta 2025.
Fue Edwin Damian Cámara Vásquez, coordinador de Investigación de Auditorías de Tipo Federal y Estatal, quien argumentó ante el Comité que revelar la información causaría un daño público.
El argumento es que el expediente forma parte de una investigación por la comisión de un delito, por lo cual, revelarlo, causaría obstrucción en su prevención o persecución.
Mejoras
En el informe se incluyeron tres anteproyectos para realizar las mejoras necesarias, que oscilan entre los 972 mil y los 4.7 millones de pesos.
Ninguno se ha ejecutado y el inmueble permanece vacío y sin uso.
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