El Congreso –senadores y diputados– aprobó el endeudamiento más alto en los últimos 4 sexenios –más de un billón de pesos– para poder cumplir con el presupuesto para 2023.
El presupuesto electorero
En dicho presupuesto se contempla el mayor monto de recursos destinados a los programas sociales estrella del Gobierno federal y, desde luego, a la conclusión de sus obras estelares.
Los aumentos de los presupuestos para salud, educación o seguridad no corresponden con la realidad que los tres sectores padecen.
Se trata de un presupuesto, como ya se ha dicho, demasiado optimista que sin embargo dependerá en buena medida del tipo de cambio y del precio del petróleo en el mundo.
Desde otra óptica se puede analizar como un presupuesto con fines electorales, pues privilegia los programas sociales, los que generan votantes cautivos, sin importar el endeudamiento a corto plazo.
Aunque ha habido pláticas y reuniones entre la bancada de Morena y la oposición para dictaminar la propuesta del Ejecutivo, en este momento no existe ni un guiño como para pensar que el partido del Presidente quiera modificar la distribución de los recursos para el próximo año.
La oposición ha recibido a decenas de presidentes municipales, líderes de los sectores campesino y de otros sectores sociales que han externado su preocupación por los recursos para el próximo año, pero no ha logrado ser escuchada por los representantes de Morena.
Los diputados se tomarán un puente que terminará el 7 de noviembre próximo y será a partir de esa fecha en la que se agilizará la redacción del dictamen del presupuesto para el próximo año.
Se espera que el presupuesto sea aprobado antes de la fecha legal límite, el 15 de noviembre, por lo que la oposición tendría que dejar las vacaciones para otro momento y aplicarse para el reordenamiento del gasto, si esto fuera posible.
Porque ya se sabe que la instrucción de Palacio Nacional a sus soldados en San Lázaro es aprobar las iniciativas sin cambiar una coma, en este caso, sin mover un peso de una dependencia a otra.
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El controvertido Manuel Espino, expresidente del PAN y recientemente excomisionado de Protección Federal, reveló que propuso al presidente López Obrador y al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pactar la paz con los grupos de la delincuencia organizada.
Y aunque la revelación podría resultar escandalosa, lo cierto es que es la manera en la que algunos estados y municipios han logrado tener más o menos tranquilos sus territorios.
Espino es pragmático; si ya tienen participación en el Gobierno, ¿por qué no pactar con ellos una especie de tregua?
Espino no dijo qué le respondieron el Presidente y su corcholata, pero lo lógico sería que dijeran que no.
Primero, porque sería reconocer la derrota –por goliza– de su estrategia para contener la violencia, representaría reconocer que los miles de millones de pesos aplicados a los programas para evitar que los jóvenes cayeran en las garras del narco se fueron a la basura (o al picadero más cercano).
Y finalmente, implicará reconocer que México se convirtió en un narcoestado.
Es decir, que ganaron los malos.
¿A poco sí?
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Ricardo Monreal aseguró que no saldrá de Morena “por la puerta de atrás’’, pero por los ataques que está recibiendo a diestra y siniestra, lo único que queda es esperar por cuál puerta saldrá.
Monreal ha sido un eficiente operador presidencial en el Senado, fue fundamental en la fundación de Morena y sin embargo, les resulta incómodo a los personajes que tienen cercado a López Obrador.
Si no lo cree, que le pregunten a Tatiana Clouthier.