Uno de los países más ricos del mundo, Suecia también está viviendo en carne propia el aumento global del costo de vida, con la inflación más alta de las últimas cuatro décadas.
Con una histórica escalada anual de 11,5% en noviembre, los precios de los alimentos y de la energía han puesto en apuros a una parte de los 10,4 millones de habitantes en la nación nórdica, por lo que el futuro no es nada alentador.

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Es por tal motivo que la ministra de finanzas, Elisabeth Syantessonn anunció antes de Navidad que, “la economía y los hogares suecos estarán bajo presión en los próximos años”.
Tras la situación, el gobierno advirtió que el país entrará en 2023 en una recesión más profunda y duradera de lo que se estimaba anteriormente.

Con precios récord en las tarifas de electricidad, dificultades para conseguir comida a precios razonables y un gran aumento en el pago de las hipotecas, muchos hogares suecos están enfrentando una situación a la que no estaban acostumbrados.

Así lo ha comprobado Johan Rindevall, jefe de la cadena de supermercados sociales Matmissionen, en Estocolmo, quien durante este año vio cómo se duplicó el número de clientes.
Para acceder a los precios de descuento a través de una membresía, las personas tienen que tener un bajo nivel de ingresos en relación al resto de la población sueca.
Incluso, cuenta el emprendedor social, han aumentado los clientes que -pese a tener un mayor ingreso que el mínimo establecido por el sistema de membresía- los han contactado para pedirles apoyo.

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Un país desarrollado como Suecia no define la pobreza con los estándares que se utilizan en otras partes del mundo, ya que bajo las estimaciones que hace el Banco Mundial, el país prácticamente no tiene pobres.

Suecia utiliza la definición de la Unión Europea de “riesgo de pobreza”. Desde esa perspectiva, una persona está en una situación de riesgo, cuando vive con menos del 60% del ingreso medio del país.

Según cifras recientes de la Oficina Central de Estadísticas, cerca de un 15% de la población sueca está actualmente en aquella situación de riesgo, mientras que hace 20 años, solo era un 9,6%.
No son personas que pasen hambre, advierte Rindevall. Son personas con un nivel de vida “significativamente más bajo que el del resto”.
“Nos encontramos con familias que no tienen la opción de reducir costos. No tienen ahorros a los que recurrir, lo que los obliga a bajar los gastos de subsistencia”, agrega.
Muchas veces dejan de comprar alimentos nutritivos para que les alcance el presupuesto.