De entrar el Plan B electoral en plena vigencia y no ser frenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el país debe estar preparado para un escenario de ingobernabilidad, conflicto poselectoral e inestabilidad política en 2024, alertó Lorenzo Córdova Vianello, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE).
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Durante la presentación de un informe sobre los impactos de los cambios legales, ayer el consejero instruyó a la Secretaría Ejecutiva a emprender todas las acciones legales que sean necesarias contra la reforma, impulsada por el gobierno de la autoproclamada Cuarta Transformación, incluida una controversia constitucional ante la SCJN.
En una revisión de 24 HORAS al reporte, aprobado por el Consejo General, se da cuenta de que el Plan B contiene 24 puntos contrarios a lo estipulado en al menos 13 artículos de la Carta Magna, lo que servirá de insumo al INE para justificar la petición de invalidez de las normas.
El artículo 41 constitucional sería el más trastocado por los cambios a varias leyes, con temas como permitir el voto de mexicanos en el extranjero con pasaporte, trasgresión a la veda electoral y al principio de certeza, así como la modificación al órgano técnico de fiscalización y el recorte de plazas del Servicio Profesional Electoral.
También el permitir la intervención de funcionarios durante las campañas con el argumento de la libertad de expresión y considerar propaganda solo la que esté etiquetada en el presupuesto para el rubro de Comunicación Social, lo cual, según el INE, va en contra del artículo 134 de la Constitución.
Al respecto, Córdova Vianello señaló que está en el terreno de la Suprema Corte frenar las inconstitucionalidades del Plan B, el salvar a la democracia y evitar que haya riesgos para la gobernabilidad en 2024.
“Debemos prepararnos para vivir en 2024 semanas de conflicto por la incertidumbre de los resultados, con todo lo que implica para la estabilidad y gobernabilidad del país”, dijo el presidente del organismo electoral.
Abundó que el Plan B tiene impactos determinantes “en las reglas del juego democrático y afecta gravemente en las condiciones del voto ciudadano en libertad”.
Señaló que el argumento de que con las modificaciones habrá ahorros en la organización de elecciones está construido con falsedades y solo lesiona los derechos laborales de miles de trabajadores del organismo electoral.
El consejero presidente aseveró que, de entrar en plena vigencia el Plan B, “lo que tendremos delante de nosotros es la primera reforma regresiva de nuestra democracia y estaremos en la antesala de una inédita incertidumbre preelectoral y postelectoral seguramente, en la que será en 2024 la elección más grande de nuestra historia”.
Consideró que el llamado ya es infructuoso para el Legislativo y Ejecutivo, debido a que en las próximas semanas será inminente la publicación de todos los cambios legales, por lo que “la responsabilidad con la República y con la estabilidad política del país de quienes tendrán que resolver la constitucionalidad y legalidad de las reformas del Plan B, que detengan este auténtico desmantelamiento de nuestra democracia” recaerá en la Suprema Corte.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Organización Electoral, Carla Humphrey, enlistó las afectaciones que tendrá la reestructura organizacional y la eliminación de áreas fundamentales, “al dejar inadvertida la especialización y el profesionalismo de cada una, sin analizar objetiva y exhaustivamente sus consecuencias”.
Expuso que las actividades de la Dirección de Organización y de la Dirección de Capacitación representan más del 40% del total de las que se desarrollan a lo largo del proceso electoral y al desaparecer las juntas distritales se prescindiría del personal de la rama administrativa, que equivale al menos al 89% de la plantilla del INE.
Posibles transgresiones
Estos son algunos de los artículos constitucionales trastocados por el Plan B electoral:
Artículo 41
-Eliminar prestaciones de funcionarios del INE
-Permitir voto en el extranjero con pasaporte
Artículo 105
Afectación al principio de certeza, pues se trastocan los 90 días de candado para hacer reformas previo a comicios
Artículo 110
Remoción del secretario ejecutivo
Artículo 134
Intervención de funcionarios en procesos electorales
Propaganda electoral durante campañas