Por mayoría de 455 votos la Cámara de Diputados aprobó la “Ley 3 de 3 contra la violencia de género” que suspende los derechos políticos de acosadores, agresores o deudores de pensión alimenticia, con lo que ya no podrían acceder a un cargo público, ya sea de elección popular o en el gobierno.
Asimismo, tras su aprobación en el pleno de la Cámara baja fue enviada para su ratificación al Senado de la República, toda vez que modifica los artículos 38 y 102 de la Constitución Política, a fin de evitar que quienes cuentan con una sentencia firme en alguno de estos tipos de violencia de género no llegue al gobierno.
“Hoy es un día histórico, desde ahora sólo podrán ocupar cargos las personas congruentes con el bienestar de las personas más importantes en la familia que son nuestros hijos”, afirmó la morenista Lidia García Anaya durante la discusión de las reformas constitucionales.
Y es que según apuntaron los legisladores durante su discusión, es la presencia de agresores en la toma de decisiones lo que hace que haya “leyes violentadoras”, mientras que la norma permite suspender a aspirantes a cargos de elección popular “por tener sentencia firme en cualquiera de sus tipos penales o supuestos, delitos contra la vida, la integridad corporal, la libertad y el normal desarrollo psicosexual”.
Mientras que ésta fue avalada con 455 votos, 0 en contra y 25 abstenciones del Partido del Trabajo (PT), pues algunos legisladores, como el petista Gerardo Fernández Noroña, aseguraron que esta medida será usada para golpeteo político, más que para erradicar la violencia contra las mujeres.
“Estoy absolutamente de acuerdo con erradicar toda violencia y toda falta de obligación, pero esta reforma se va a usar perversamente para alejar de toda actividad política a compañeros y a compañeras, el poder judicial está completamente torcido y hasta este momento este tipo de legislaciones se han utilizado para sacar de la actividad política a compañeros y compañeras”