En Quintana Roo las autoridades estatales se mantienen alerta para rescatar a menores de edad de la explotación laboral o sexual, así como de “cualquier situación que los involucre para que se hagan las investigaciones”, afirmó Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno.
Recientemente, la Fiscalía General del Estado (FGE) rescató a 20 víctimas menores de edad, originarias de Chiapas, que dos adultos obligaban a trabajar vendiendo marquesitas, raspados, gorras y otros productos, en diversos cruceros de Playa del Carmen.
La funcionaria destacó que a través del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) y Fiscalía General del Estado (FGE) se trabaja para detectar a menores en situación de riesgo o vulnerable.
“Todos los organismos estatales están en coordinación para poder estar actuando ante cualquier situación que involucre a menores”, aseveró.
Desde el C5 de Cancún, en el marco de la conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, la funcionaria exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier sospecha.
“Más vale confirmar un hecho que es negativo a evitar no investigar algo que pudiera generar un delito”, sentenció.
Explicó que el Sipinna es la primera instancia en intervenir antes de que el caso escale a la Procuraduría de la Defensa del Menor o a la FGE.
Por su parte, José de la Peña Ruiz de Chávez, coordinador de la Mesa de Seguridad, reconoció que la explotación sexual infantil es un delito que está presente en Quintana Roo, “así como en diferentes estados y en diferentes países”.
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Trazan acciones contra la explotación infantil
En ese sentido, destacó que existen mesas de trabajo permanente encabezadas por la gobernadora Mara Lezama, donde se exponen diferentes temas y se atienden a través de las autoridades.
“En cuanto al tema particular (explotación sexual infantil), es una prioridad del estado erradicarlo, se han hecho trabajos importantes en el municipio de Cozumel, se tenía detectada una banda que en su momento fue desarticulada, era una mujer la que estaba al frente de la explotación infantil”, indicó.
Sostuvo que en caso recibir una denuncia o detectar algún caso se solicitarían las órdenes de cateo para atender de manera puntual este tipo de explotaciones.
Julio César Torres Gómez, secretario de Seguridad Ciudadana, recordó que existe el número telefónico 089 para denunciar de forma anónima este tipo de situaciones.
“La información que pueda aportar cualquier ciudadana es valiosa y útil para atender este tipo de problemáticas”, expresó.
En el caso de los 20 menores, a través de la Unidad de Investigación en Delitos de Trata y Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes, Mario “H” y Juana “D” quedaron vinculados a proceso. El juez de control también les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, además de conceder un plazo para el cierre de la investigación.
Los ahora imputados fueron señalados por las víctimas de obligarlos a trabajar hasta 12 horas diarias por un supuesto pago de por medio, el cual nunca recibieron.
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