Marginadas, familias al norte de Chetumal

Son alrededor de 3 mil familias las que habitan en asentamientos irregulares, principalmente al norte de Chetumal, sitios en los que no hay luz, pavimentación, agua potable ni alcantarillado.

Los pobladores deben caminar kilómetros para poder acceder al transporte público, ya que ningún taxi ingresa a estos lugares.

Al caminar entre brechas y caminos de terracería se aprecia el desmonte que han hecho las personas en su necesidad por un terreno que habitar; en otros puntos ya hay construcciones de material, pero sin los servicios básicos.

Estos ciudadanos no tienen los beneficios trabajo formal y no pueden acceder a las prestaciones de ley, mucho menos a un crédito de vivienda, por lo que recurren a la invasión, ya sea de terrenos privados, nacionales o ejidales.

Agustina Torres habita en la colonia irregular El Edén desde hace 10 años, donde estableció una tiendita, que surte de vez en cuando porque es complicado ir a la ciudad para comprar enseres.

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Marginadas, familias al norte de Chetumal

“Viene uno como puede, a mí me tocó quedarme en la ciudad con mis cosas y que vengo acá y ya no hay nada; me robaron mis cosas, porque no hay gente que viviera acá que vigilara”, recordó.

Como ella, Ignacia Moreno camina dos kilómetros a pie desde su casa en la colonia Fátima hasta la avenida Luis Manuel Sevilla, en el fraccionamiento Las Américas, para poder acudir a comprar la comida del día, ya que al no tener energía eléctrica no puede conservar los alimentos en su vivienda.

“Ya tiene nueve años que yo vivo acá, nos alumbramos con veladoras y velas, tenemos que cambiar hasta acá porque no entran los taxis y cuando llueve tenemos que ir entre los charcos con el riesgo de lastimarse”.

Cabe recordar que el diputado Hugo Alday, junto a la diputada Yohanet Torres, promueven la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con la cual se busca identificar los asentamientos irregulares localizados en el estado e implementar estrategias que fomenten la inversión de los municipios en estas zonas y así lograr otorgar la certeza jurídica que estas familias necesitan.

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