La ola represiva en Nicaragua y el despojo de nacionalidad a más de 300 opositores ordenado por el gobierno de Daniel Ortega plantea una disyuntiva a gobiernos de izquierda en América Latina, varios de los cuales vacilaron a la hora de condenarlo.
Cabe recordar que el 9 de febrero el gobierno de Nicaragua liberó a 222 presos políticos, los expulsó a Estados Unidos y les retiró la nacionalidad.
Después del chileno Gabriel Boric, otros países ofrecieron asilo y ciudadanía a opositores nicaragüenses acusados de “traición a la patria”. La reacción de Boric, que llamó “dictador” a Ortega, fue la más enérgica y marcó una diferencia con sus pares.
Una semana después, Managua despojó de ciudadanía a 94 disidentes que en su mayoría ya están residiendo en el extranjero. A todos ellos España ofreció la nacionalidad.
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Argentina dio el primer paso cuando su canciller Santiago Cafiero dijo que estaban “en condiciones de darles la ciudadanía” a los nicaragüenses afectados. Más acotado fue el anuncio del gobierno colombiano de Gustavo Petro, un exguerrillero al igual que Ortega.
“Interpretando la solidaridad del país y el sentimiento del presidente Gustavo Petro, ofrecí la nacionalidad colombiana al político, intelectual y escritor nicaragüense Sergio Ramírez”, anunció también el canciller de Colombia, Álvaro Leyva.
Con información de 24 Horas Nacional
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