Aunque existen avances importantes en la despenalización del aborto en América Latina, como los casos de Colombia, Argentina y México, que lograron la interrupción voluntaria del embarazo en determinados plazos de gestación, aún queda mucho por hacer para lograr en los demás países, donde la negación del proceso agrava las desigualdades e inequidades.
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En entrevista para 24 Horas, Cristina Rosero, asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos, para América Latina y El Caribe (CRR), asegura que es importante regular este procedimiento médico, porque la prohibición total del aborto tiene efectos desproporcionados en la vida y salud de las personas, especialmente aquellas que viven en situaciones de pobreza, en zonas rurales y sin acceso a educación sexual integral.
“Uno de esos efectos es la criminalización de abortos espontáneos y otras emergencias obstétricas. Despenalizar el aborto contribuye a salvar la vida de millones de mujeres, sobre todo, las que no cuentan con los recursos para acceder a servicios obstétricos de calidad y evita que sean criminalizadas con penas injustas de cárcel”, planteó Rosero.
Canadá, New York (EU) o el Territorio de la Capital Australiana (TCA) son los mejores ejemplos, donde no se ve como delito y sí existe una regulación sanitaria, bajaron las muertes asociadas a este tipo de procedimientos, mejoraron el acceso a la información sexual como la anticoncepción y las interrupciones del embarazo se realizan en las primeras semanas de la gestación.
“Estos modelos de regulación podrían tomarse como referencia en América Latina para avanzar en la efectiva protección de los derechos sexuales y reproductivos”, comenta.
De acuerdo con el CRR, en AL se presentan las tasas de aborto más altas y es una de las regiones más peligrosas para que las mujeres interrumpan su embarazo. De acuerdo a estudios a escala regional, de cada 1,000 mujeres en edad reproductiva, 44 mujeres abortan y el 10% de las muertes maternas se generan por abortos clandestinos.
En un extremo están los casos de países como Honduras, Nicaragua, Jamaica y El Salvador, donde las prohibiciones se mantienen y las barreras institucionales para acceder al servicio, aún en casos de riesgo para la vida de la mujer o de abuso sexual, son muy grandes.
El Salvador, asegurá Rosero, cuenta con una de las leyes más restrictivas en materia de aborto: prohíbe la interrupción del embarazo en todas sus formas y las mujeres que sufren abortos espontáneos pueden ser criminalizadas por homicidio y enfrentarse a penas de hasta 50 años de prisión.
“Definitivamente, negar a las mujeres el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo agrava las desigualdades e inequidades en la región, especialmente de las poblaciones más empobrecidas y rurales”, reclama.
DATOS:
25 millones
Abortos inseguros por año a nivel mundial (OMS).
40%
Mujeres en edad de procrear que viven en países con leyes sobre el aborto restrictivas.
181 casos
Mujeres que fueron criminalizadas por aborto u homicidio agravado en El Salvador.