Una de las mayores amenazas del mundo hoy en día no involucra armas de fuego o de destrucción masiva: sino computadoras y datos. Y los temerarios no son súpersoldados entrenados en campos militares, sino jóvenes de la llamada Generación Z (nacidos en los 90s o muy joven el nuevo siglo).
Los activistas que hacen eco de abusos o protestas que los gobiernos no dan a conocer, como ha pasado en Hong Kong desde hace un par de años o recientemente en Cuba; pero también los hackers que cimbran a los grandes poderes fácticos son ejemplo del fenómeno.
El caso Pegasus es el último ejemplo de una gran intervención digital al círculo rojo mundial (incluido espionaje a presidentes, periodistas y empresarios de varios países).
En marzo pasado el gigante tecnológico estadounidense Microsoft fue atacado por agentes chinos, según el presidente Joe Biden, lo que ya negó el país oriental.
Apenas el año pasado el planeta fue testigo del llamado Bit-Con, cuando las cuentas de redes sociales de empresas multinacionales, del mismo Biden, de Barack Obama, de cantantes y de multimillonarios fueron alteradas para solicitar depósitos con bitcoins.
Relacionado con este último caso, ayer fue arrestado Joseph OÔÇÖConnor, acusado de piratear más de 130 cuentas de Twitter, informó el Departamento de Justicia estadounidense.
Se trata de un joven de 22 años buscado a partir de una orden emitida por un tribunal federal de Estados Unidos.
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El mundo bajo ataque digital; Generación Z toma la ventaja
Entre las víctimas, además de Biden y Obama: Apple, Uber, el cantante Kanye West y los magnates Elon Musk y Bill Gates.
OÔÇÖConnor y otros piratas secuestraban las cuentas de las celebridades y pedían a sus seguidores que enviaran bitcoins a una cuenta particular, prometiendo duplicar su dinero.
Hoy enfrenta cargos por acceso no autorizado a computadoras, extorsión y acoso cibernético.
En el marco del mismo caso, a principios de este año fue sentenciado Graham Ivan Clark, un adolescente de 18 años de Florida acusado de planear el Bit-Con.
Recibió tres años en una prisión de menores tras un acuerdo de culpabilidad asumida, pena máxima permitida en el estado. Cuando cometió el delito tenía 17 años.
Con información de Agencias