Cancún, 30 Agosto- Las diferentes cámaras y asociaciones empresariales de Quintana Roo e incluso de otros estados como Baja California y Jalisco se unieron para solicitar a la siguiente legislatura federal no aprobar la iniciativa de reforma a los artículos 7 y 119 de la Ley de Bienes Nacionales que refiere la modificación de la definición de playas marítimas para la reducción de 20 a 10 metros de ancho de tierra firme, que administra la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).
Durante una reunión de trabajo vía zoom organizada por el diputado Federal, Jesús Pool Moo, para analizar las reformas propuestas a los artículos 7 y 119 de la Ley de Bienes Nacionales con empresarios dirigentes del sector turístico, los representantes de diferentes cámaras y asociaciones se unieron para solicitar a la LXV Legislatura, que iniciará actividades el 1 de septiembre próximo, no aprobar dichas iniciativas de reformas.
En la reunión, el consultor de Maris Integral, especialista en Zonas Federales, Jorge Iván Cáceres Puig, afirmó que la aprobación de dichas iniciativas pone en riesgo los instrumentos de protección y conservación ambiental que se encuentran bajo la actual definición de playa marítima, dentro de los cuales existen ecosistemas frágiles como humedales y manglares.
Asimismo, el riesgo de anidamiento de aves y tortugas, además de que la recaudación para los ayuntamientos, a través del ingreso de la Zona Federal Marítimo Terrestre, resultaría reducida en un 50 por ciento.
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Empresariado quintanarroense pide unánimemente impedir reducción de metros
El experto en el tema dijo que la aprobación de las iniciativas pone en peligro muchos procesos naturales; por ejemplo, se da prioridad al libre tránsito de las personas sobre el anidamiento de especies, como aves y tortugas.
“Gran parte de los procesos ecológicos de mayor importancia como reproducción, anidación y nacimiento suceden en la franja de Zona Federal Marítimo Terrestre; reducirla vulnera estos procesos y pone en riesgo el desarrollo y supervivencia de miles de organismos de gran importancia, entre ellos las aves, tortugas, crustáceos y peces que se reproducen, alimentan y resguardan en los humedales esteros y manglares”, agregó.
En su intervención, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Luis Espinoza Cházaro, puntualizó que el partido que representa solicitará a la LXV Legislatura impedir la aprobación de esas iniciativas que traerían perjuicio al ingreso de los municipios costeros y por ende al desarrollo en su infraestructura.
Al respecto, Jesús Pool previó que estas iniciativas generarían una afectación del 50 por ciento en la recaudación por el pago de derechos por el uso, goce y aprovechamiento de la Zofemat, prevista en la Ley Federal de Derechos y pone en riesgo los ingresos y la aplicación de estos recursos en 165 municipios de 17 estados costeros que tienen un total de 11 mil 112 kilómetros de litoral.
“Tan solo en 2017 se tuvo un monto de recaudación por este concepto de 280 millones 665 mil pesos en Quintana Roo”, enfatizó el diputado Federal.
Dijo que el libre tránsito ya está previsto en la actual legislación, y el problema es que no se cumple la ley. Estas reformas generarían pérdida de patrimonio al reducir a 10 metros la zona federal en las playas, pues permite a las construcciones acercarse más a la orilla del mar, favoreciendo la erosión, la pérdida de playa y perdiendo más rápidamente la zona propuesta como de libre tránsito.
Durante la reunión, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Iván Ferrat Mancera; el presidente de la Asociación de Hoteles de Puerto Vallarta, álvaro Garciarce Monraz y el presidente de la Asociación de Desarrolladores Turísticos de Los Cabos, Alberto Villada Camerino, apoyaron el exhorto a impedir la aprobación de la reducción de metros en las playas que administra la Zofemat.
También varios representantes de asociaciones y cámaras como la Presidente de la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo (Acluvac), Miriam Cortés Franco; su homólogo de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes de Quintana Roo, Sergio González Rubiera, entre otros dirigentes empresariales se manifestaron en contra de estas reformas.