CANCÚN.- José Antonio León Ruiz es el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Quintana Roo. Lleva casi cuatro años al frente del Poder Judicial de la entidad, en los que ha emprendido diversas acciones en materia de género, que ahora detalla en entrevista con 24 HORAS QUINTANA ROO.
¿Qué acciones ha emprendido dentro del Tribunal para crear ambientes seguros para las mujeres y de equidad de género?
Desde el año 2017, cuando inició esta gestión, generamos un programa de impartición de justicia. En ese programa están contemplados siete ejes. Uno de ellos integra la parte que refieres. Hemos trabajado desde la creación de una unidad de derechos humanos al interior del Poder Judicial, que es donde se atienden todos estos temas.
Ahora estamos trabajando en un protocolo de impartición de justicia con perspectiva de género, propio del Poder Judicial. Hay uno que se aplica, y que fue elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero nosotros pensamos que un protocolo propio para el Poder Judicial generaría para los juzgadores un carácter de mayor obligatoriedad en la aplicación.
Además, eventualmente hemos trabajado para ser parte de órganos multidisciplinarios para atender casos de manera concreta, órganos como el grupo de “Una vida sin violencia”, en el que participan la Fiscalía, Seguridad Pública y ciudadanos, a través del cual atendemos casos muy particulares.
También, como presidente del Tribunal soy parte de la Mesa de Seguridad y Justicia del estado de Quintana Roo, que preside el gobernador del estado, con altos mandos militares, además de marinos y otros civiles, donde yo doy cuenta del trabajo que se hace, primordialmente, del Sistema Penal Acusatorio.
También somos parte de la Mesa de Seguridad y Justicia Ciudadana Cancún e Isla Mujeres para trabajar sobre los temas que tanto nos preocupan en materia de equidad de género y de la violencia que se ha desatado en el tema familiar por la pandemia de coronavirus.
Estamos trabajando para atender diversos temas de manera inmediata y urgente, a través de medidas de protección que determinan los propios juzgadores.
Cuéntenos más sobre el protocolo que menciona.
La elaboración de este protocolo apenas fue aprobada por el Consejo de la Judicatura en este mes. Ya habíamos planteado su creación, pero a partir de este 16 de abril iniciaron los trabajos.
Tenemos como marco de referencia el que ya comenté, el de la Corte, pero tenemos que elaborar uno propio, donde intervendrán todos los jueces y juezas para aportar lo necesario, porque los magistrados siempre tienen algo que aportar y queremos abrirlo un poco más para que esté bien acabado y sea suficientemente útil para la impartición de justicia.
Desde 2017 se firmó el Pacto para la Impartición de Justicia con Perspectiva de Género en Órganos Jurisdiccionales. Ahí estamos y somos parte el Tribunal de Justicia Administrativa, el área de la materia laboral, en fin, todas aquellas áreas en que nos corresponde la impartición de justicia, precisamente para ver esos temas, atenderlos y generar programas, proyectos y capacitación, lo cual ha sido muy importante para todos.
No solamente en la impartición de justicia, estrictamente para los operadores, sino también al interior del Poder Judicial se dan cursos para que la relación laboral sea lo más armoniosa posible, pero con pleno respeto a los derechos tanto del hombre como de la mujer.
Aquí en el Poder Judicial, el 65% del personal son mujeres. En el caso de los jueces, el 55% son mujeres y el 45% son hombres. Vamos más allá de la paridad. No hay esa exigencia judicial en el tema de la paridad, pero sí en los exámenes de oposición: está contemplado que, si en la final quedan dos personas y una de ellas es mujer y el otro hombre, se da preferencia a la mujer.
En cuanto a la impartición de cursos y talleres de perspectiva de género y de sensibilización a estos temas, ¿qué se ha hecho?
Hace más de un año, a través de Equis Justicia, que es un organismo nacional que atiende los temas de violencia de género, paridad y equidad, logramos una certificación para los operadores de justicia. De eso se encargó el Consejo de la Judicatura y la Comisión Interdisciplinaria que tenemos de derechos humanos, donde participan las magistradas Verónica Acacio y Mariana Dávila. Y por lo que se refiere a cursos y seminarios, nosotros de manera constante estamos participando o realizándolos.
¿Y cuentan con alianza con otros organismos, dependencias y organizaciones para asesorarse en el tema?
Así es. Incluso, invitamos a las barras y colegios a participar en nuestros cursos. Y fomentamos que estas barras y colegios también, con el apoyo del Poder Judicial, lleven a cabo la capacitación constante.
Esta semana apenas inauguré un taller sobre el Sistema Penal Acusatorio, impartido por un doctor de Costa Rica, con un amplio conocimiento en el tema. Fue realizado por la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (CONCAM) y por el Colegio de Abogados de Cancún.
¿Hay coordinación con otros tribunales, como el Electoral o el de Conciliación y Arbitraje, para trabajar estos temas en conjunto?
En este momento con la implementación de la reforma laboral tenemos una estrecha relación con la Secretaría de Trabajo, precisamente, para sacar adelante esta reforma. Somos parte de un órgano implementador estatal que preside el secretario de Gobierno y, a través de ese órgano, nosotros estamos diseñando lo que va a ser la justicia laboral en Quintana Roo. El 1 de octubre es el plazo establecido para que la ley entre en vigor en Quintana Roo. Ahorita ya contamos con la suficiencia presupuestal requerida desde octubre hasta diciembre.
Además, estamos ya terminando la parte de conclusión de proyectos del Gobierno Federal para acceder a recursos que nos permitan contar con tecnología, remodelación de espacios, muebles, porque es un órgano completamente nuevo: dos juzgados laborales, uno en Playa del Carmen y otro en Chetumal. Hay una coordinación permanente y constante entre los órganos jurisdiccionales del estado.
Por otra parte, soy vicepresidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia. La Comisión es el órgano colegiado donde nos reunimos todos los presidentes de los tribunales y ahí mantenemos una relación constante y de comunicación, precisamente, este lunes tendremos la sesión plenaria donde estaremos todos los presidentes de los tribunales del país, por videoconferencia.
Ahí voy a presentar un proyecto que ya está en gran avance. Fue una propuesta que hice en mayo pasado y es la creación de una Unidad de Innovación y Calidad para que todas las buenas prácticas que se hacen en los poderes judiciales se concentren en una sola plataforma, modelo, estructura y puedan ser compartidas por todos los poderes judiciales. Ya concluimos con la fase de la presentación de los proyectos. Esperábamos recibir 10 o 12 proyectos, pero recibimos 70. Eso amerita también un análisis y concentración de información para que el acceso a la misma sea más amigable y que cada Poder Judicial decida, de entre todos los proyectos, cuál tomar, y generar ese intercambio más institucionalizado.
Para concluir le pedimos dos reflexiones, una a lo interno del Tribunal y otra a lo externo. Lo primero: ¿cómo evalúa el avance que hay en cuanto a juzgar con perspectiva de género y qué dificultades y obstáculos ha encontrado para que esto sea posible?
Hemos logrado un gran avance. Nos falta todavía. Yo creo que lo que mejor va a materializar esta intención es el contar con nuestro protocolo y generar que el juzgador esté obligado permanentemente no emitir una resolución si no hay precisamente la incorporación del protocolo a esa resolución.
Estamos trabajando con las medidas de protección que se deben de dar en materia penal, en materia familiar. Es una práctica constante que hacen los jueces; sin embargo, el modelo específico y la denominación exacta de que se trata de una medida de protección no aparece en la resolución, en el acuerdo, pero precisamente estamos trabajando en ello para lograr un manual que le permita al juez, al momento de emitir su resolución, dictar las medidas de protección por tal o cual motivo, su fundamentación, etcétera.
Y a la par de eso, estamos creando una unidad de seguimiento de las medidas de protección, tan importante para las niñas, los niños, las mujeres y hasta para los hombres, porque de eso se trata la equidad de género: la justicia y la igualdad, para todos. Estamos trabajando en eso, sin duda lo vamos a terminar este año.
Igualmente, un proyecto en el que tenemos un gran avance, que estamos por arrancar, es el establecimiento de los tribunales en el tratamiento de adicciones.
Desde el año 2018 venimos trabajando este proyecto, hemos dado capacitación por parte del Poder Judicial a operadores de la Secretaría de Seguridad Pública, a la Secretaría de Salud, a la propia Fiscalía, y estamos concluyendo con la firma del convenio, después de una revisión por parte de las diversas unidades jurídicas, donde estamos a la puerta de instalar el Comité de seguimiento de estos casos que se van a dar.
Vamos a arrancar en Cancún. Los jueces de alguna manera lo vienen haciendo, la aplicación de la justicia terapéutica: cuando le llega un asunto judicializado de un o una imputada envuelto en un hecho delictuoso no grave y se detecta la adicción de drogas, se le permite, a través del criterio de oportunidad, la suspensión del proceso a prueba, para que esa persona entre a un programa de sanear esa parte que le afecta a su vida y pueda reincorporarse de manera productiva, a la escuela o al trabajo. Y es donde intervienen todos estos operadores que ya mencioné y se le da un seguimiento caso por caso para evitar que esa gente entre en un círculo vicioso de delincuencia.
Y la reflexión a lo externo: ¿cómo evalúa el avance en materia de equidad de género a nivel Quintana Roo?
Hay una preocupación cada vez mayor y una ocupación también cada vez mayor en estos temas. El Centro de Justicia de Cancún trabaja de manera activa, el Instituto Quintanarroense de la Mujer, la Comisión de Atención a Víctimas, donde constantemente estamos reuniéndonos para establecer acciones, ir mejorando y evitando que haya Alertas de Género.
También trabajamos con la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo. Hay un empoderamiento cada vez mayor y mejor en el caso de las mujeres en Quintana Roo. Lo vemos en la presencia de la actividad laboral. Quisiéramos que fuera aún mejor. Desde el Tribunal se apoya esa parte. Trabajamos con las instituciones para conseguir, por lo que hace a nosotros, una impartición de justicia con perspectiva de género.