Por Eugenio Pacheco
CHETUMAL, Q. Roo.- A menos de diez días para que concluyan las campañas políticas en la entidad, el Instituto Nacional Electoral (INE) permanece atento para que el desarrollo de las mismas se lleve a cabo con apego a la legalidad.
El Instituto ha hecho un llamado a todos los actores, especialmente a los funcionarios e instituciones de los diferentes ámbitos y niveles de Gobierno a mantenerse al margen y evitar cualquier acción que condicione el voto libre de la ciudadanía.
La vocal ejecutiva del INE en Quintana Roo, Claudia Rodríguez, aseguró en una entrevista que desde el pasado 21 de marzo se emitieron criterios tendentes a garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad en la contienda, así como para contribuir a evitar acciones que generen presión sobre el electorado.
En ellos se establece que todos los recursos públicos deben ser empleados con imparcialidad y sin influir en la equidad de la competencia política de los partidos, aspectos que podrían constituirse en delito electoral.
En el caso del proceso local, el Instituto sólo es competente para conocer de las quejas en materia de fiscalización y de las que tienen que ver con radio y televisión, que son competencia exclusiva del INE.
“Todo lo demás, es decir, quejas que tienen que ver eventualmente con uso de los programas sociales, desvío de recursos públicos para beneficio de alguna campaña, actuación contraria a las normas por parte de los funcionarios federales, locales o municipales es competencia, desde el punto de vista administrativo, de los OPLE (Organismo Público Local Electoral)”, subrayó la vocal.
El INE no es competente para conocer violaciones al principio de imparcialidad por parte de los funcionarios públicos, así como tampoco para lo que tiene que ver con propaganda gubernamental.
Y en caso de que alguna denuncia entrañe la comisión de un delito electoral, también se da vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para que actúe conforme a sus atribuciones.
Si se presenta ante el INE una denuncia por alguna conducta que tenga impacto en el desarrollo de un proceso local, la autoridad nacional debe remitirla inmediatamente al OPLE, dando vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en caso de que implique una posible violación a la ley en la materia.