Por Alejandro García
CANCÚN, Q. Roo.- El Ayuntamiento de Benito Juárez no está de “brazos cruzados” en el tema del transporte público, señaló el regidor Pablo Gutiérrez Fernández, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte.
Mencionó que, entre otras cosas, están impulsando una iniciativa para que se implementen corredores en nueve de las principales avenidas de la ciudad para mejorar la movilidad.
Avanzar en este tema ha sido complicado, indicó, porque las empresas concesionarias obtuvieron una suspensión definitiva en un juicio de amparo contra la recomendación del Congreso del estado, que pidió revocar la prórroga por 10 años, lo que significa que en lo que se resuelve la situación jurídica, la comuna debe respetar la aprobación del pasado Cabildo (2016-2018) a una extensión por una década más a las compañías Autocar, Turicun, Maya Caribe y Bonfil.
“El actual sistema de transporte público ya es obsoleto, es ineficiente, cada día que pasa los tiempos de traslado se hacen más largos y afecta la movilidad de la ciudad”, comentó.
“La movilidad se traduce en calidad de vida (ÔǪ) Lo que hemos estado haciendo es ir mejorando poco a poco, pero estamos entrampados con un tema jurídico desde que iniciamos esta administración, porque nos encontramos con un amparo por parte de los concesionarios”, añadió.
Pese a ello, en la comisión que preside siguen trabajando en iniciativas para mejorar en este rubro.
Por ejemplo, el 24 de enero presentó un acuerdo de Cabildo para la creación de nueve corredores sobre las principales avenidas de la ciudad con características importantes, que no han podido echar andar, porque existe esta suspensión.
COLABORACIÓN
A lo largo de la administración han mantenido reuniones de trabajo con los concesionarios esperando que haya voluntad por parte de ellos de hacer los cambios necesarios para mejorar el sistema, pero desafortunadamente no han obtenido respuesta positiva.
El proceso jurídico no depende del ayuntamiento, ni de los transportistas, pero éste se ha alargado por una serie de acontecimientos, según explicó el concejal.
En Sinaloa, un juzgado dictó sentencia a favor de Turicun, y en Chetumal, otro falló en contra de Autocar y Maya Caribe.
“Aquí el tema es que se contraponen las sentencias, entonces nosotros tenemos que ingresar un recurso de revisión para que se unifiquen los criterios”, destacó Gutiérrez Fernández.
Señaló también que los transportistas hicieron cambio de unidades violando la suspensión que existe, por lo que el ayuntamiento notificó al juzgado, incluso se detuvieron vehículos y ya están fuera de circulación.
“Los concesionarios llevan muchos años operando de una manera y es lo que ya no queremos permitir, su sistema tiene que cambiar para mejorar; necesitamos conectar la ciudad de diferente forma, modificar las rutas, porque las que se están operando hoy ya son obsoletas, ya que la mayoría transita sobre la avenida Tulum (ÔǪ) Tenemos un problema de conectividad norte-sur en el destino”, declaró.
Sobre la empresa Servicios Empresariales Ecológicos y Administrativos para el Autobús (SEA), creada por Turicun, Autocar y Maya Caribe, dijo que no es una operadora que esté reconocida por la administración, y tampoco sabe si está legalmente constituida, ni cuánto tiempo vaya a durar, porque en ocasiones los concesionarios han tenido sus diferencias.
AHORRO PARA AUTOMOVILISTAS
Con respecto al tema de las grúas, aseveró que reducir el costo del servicio de arrastre significa mayor ahorro para los automovilistas.
“Desde que iniciamos los trabajos yo presenté la primera propuesta que fue la reforma al reglamento de tránsito, siempre hablamos de que se va a trabajar en etapas, hay que hablarle claro a la gente, nosotros no tenemos las facultades para regular a las concesionarias que prestan este servicio”, resaltó.
“Estas concesiones las otorga y regula el estado a través del Instituto de Movilidad, y eso lo dice muy claro la Ley de Movilidad en su Artículo 25, fracción segunda; ellos estipulan las tarifas en la entidad o en los municipios y nosotros hemos trabajado apegados a lo que dice”, agregó.
Sin embargo, indicó que han buscado la forma de ir “apretando un poquito”, porque saben de los abusos, ya que le llegan muchas quejas a la regiduría de cobros de hasta 35 mil pesos por un servicio, lo cual es exageradamente alto. Mencionó que el único tabulador oficial que existe en Quintana Roo es el que emite la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el de 2017, pero es para carreteras federales.
Entonces, pensando esta forma de cómo regular o transparentar el servicio, el regidor manifestó la inquietud de buscar la suficiencia presupuestal para 2020 y para que el ayuntamiento pueda adquirir o arrendar sus propias unidades y operar en hechos de tránsito y alcoholímetro, que es en lo que está facultado.
“La semana pasada se presentó una solicitud a mis compañeros regidores para que se reforme el Artículo 66 fracción 11 de la Ley de Hacienda de Benito Juárez, que contempla que el servicio se modifique y se le ponga un costo de 15 UMAs (Unidad de Medida y Actualización) para el arrastre, custodia y abanderamiento, tres conceptos en uno (ÔǪ) Comparado con el tabulador de la SCT, la tarifa está muy por debajo, ya que ellos cobran entre 22 y 25 UMAs”, comentó.
Aclaró que lo pusieron en UMAs porque se actualiza año con año y con ello ya no hay necesidad de volver a reunirse para