Omiso, TEPJF en caso Bonilla. La pretensión del gobernador Jaime Bonilla de prolongar su mandato de dos a cinco años exhibió las diferencias entre los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Los Magistrados nunca se pusieron de acuerdo para entrar al fondo del asunto, según señaló la periodista Gadalupe Irízar.
Durante 2019 hubo omisiones, indefiniciones, decisiones de mayoría, resoluciones que traían y llevaban recursos del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California al TEPJF.
El magistrado presidente del TEPJF, Felipe Fuentes, fue el ponente de una de las sentencias más esperadas, votada por la mayoría y con una decisión ambigua, que luego tuvo que ser interpretada porque él tuvo que modificar su propuesta original de sentencia.
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Al principio, planteaba validar la ampliación del mandato del tribunal electoral local por cinco años, pero luego, propuso que por seis.
La propuesta del Magistrado Fuentes, el 29 de mayo, fue confirmar la ampliación a seis años. Pero, en la sesión privada previa a la sesión pública en donde se analizó el caso, Fuentes se dio cuenta que no conseguiría mayoría, y en menos de 24 horas cambió el sentido de su proyecto.
Con los cambios propuestos, los Magistrados Felipe de la Mata, José Luis Vargas, Mónica Soto e Indalfer Infante apoyaron el nuevo proyecto de Fuentes. La Magistrada Janine Otálora no estuvo presente.
La sentencia, de manera implícita, validaba el registro por dos años.
Sin discusión pública, la sala superior determinó revocar la sentencia del tribunal electoral local que había determinado inaplicar el artículo octavo transitorio de la constitución local vigente en ese momento.
El mismo artículo octavo transitorio del Decreto 212 que validó la Corte este lunes al determinar que era inconstitucional la decisión de ampliar el mandato.
El tribunal local, el 7 de mayo, había ampliado el mandato del Gobernador en este caso de dos a seis años.
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Esa fue la impugnación que resolvió la sala superior del 29 de mayo y que el Magistrado Fuentes proponía validar.
Entre los argumentos del Magistrado presidente del TEPJF, de acuerdo con fuentes políticas y electorales consultadas por Guadalupe Irízar, estaba su convicción de que sí se podían hacer cambios a la duración del mandato, aun en pleno proceso electoral en marcha, y a pesar de la prohibición constitucional en ese sentido.
Sostenía el Magistrado Fuentes que el mandato constitucional de realizar cambios electorales hasta 90 días antes del inicio del proceso electoral tenía sus matices, y remitía a sentencias de la Corte en donde supuestamente esta prohibición no era “tajante”.
Consideraba asimismo el ponente, que no era un cambio determinante la ampliación del mandato y que el legislador local se había excedido al recortar la duración del periodo de gobierno de 2019 a 2021, para empatarla con las federales, pues en 2021 ya había otras elecciones locales que si empataban.
Un mes antes, la misma sala superior sobreseyó una impugnación ciudadana que impugnaba otra decisión del tribunal electoral de Baja California.
El sobreseimiento a la impugnación ciudadana y el no resolver sobre el intento de ampliación del mandato dio lugar a que el entonces candidato de Morena Jaime Bonilla se registrara el mismo día de la sentencia ante la autoridad electoral local, y aseguraba que era para un periodo de cinco años que estaba vigente en ese momento, pues no había sido revocado.
Omiso, TEPJF en caso Bonilla; no tocó a fondo el asunto
El TEPJF nunca quiso poner punto final a una controversia que impactaba directamente el proceso electoral.
La elección la calificó el 2 de octubre y que una vez más declaró válido el cómputo y la constancia de mayoría (que eran por dos años) pero nunca la explicitó así.
Dejó en aquel momento abierto el frente de batalla en contra de la reforma electoral del congreso local, que ampliaba el periodo de dos a cinco años, y que seguía su marcha hasta ser publicada el 17 de octubre de 2019.
En aquella fecha, y a pesar de los recursos que siguieron interponiendo, partidos, ciudadanos, y ex candidatos, la sala superior no entró al fondo.
Una y otra vez bateaba juicios interpuestos por partidos, ex candidatos, ciudadanos, empresarios en contra de la reforma y la ampliación del mandato, y alegaba que la reforma no era asunto electoral, sino legislativo.
Le apostó siempre a que fuera asunto que resolviera la Corte.
Con información de Reforma