Diputado Gustavo Miranda García fomenta la opacidad. A más de un año de haber tomado posesión como legislador local, no ha presentado sus declaraciones patrimonial, de conflicto de interés y financiera denominada 3de3.
De hecho, en la plataforma 3de3 solo se encuentran las declaraciones de tres diputados: la del perredista Pedro Enrique Pérez y de los panistas Eduardo Martínez Arcila y Cristina Torres.
Después de una búsqueda en el Registro Público del Comercio, este medio dio con varias empresas propiedad del diputado.
Una de ellas es Corporativo Blue Strawberry, cuyo objeto social es adquirir, poseer, administrar, construir, comercializar y operar centros nocturnos, bares, hoteles, restaurantes, condominios, balnearios, entre otros. Y con quien comparte acciones con su madre, Erika Luz García Deister.
Otras empresas en la que el diputado del Partido Verde Ecologista de México tiene participación son Grupo EG Miranda, Corporativo Blue GM y Xolos Transfer. Las dos primeras relacionadas con negocios inmobiliarios y la última con la explotación del servicio público del autotransporte federal de turismo.
Ninguna de ellas se puede consultar en la plataforma 3de3 ni en el sitio de Transparencia del portal del Congreso.
La iniciativa ciudadana 3de3 es impulsada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana (TM), cuyo fin es promover que los funcionarios y candidatos a puestos de elección popular hagan públicas tres declaraciones voluntariamente como muestra de su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el interés público.
TE PODRÍA INTERESAR: Carlos Joaquín pide a la gente estar atenta a la evolución de “Zeta”
Diputado Gustavo Miranda García oculta su patrimonio; cuenta con diversas empresas
Se busca hacer públicas tres declaraciones: la patrimonial, es decir, la información sobre bienes y activos que den certeza del patrimonio de un funcionario o candidato y la evolución del mismo, conforme a los ingresos percibidos durante su encargo público; de intereses, la cual contiene información sobre las relaciones y vínculos económicos, profesionales, familiares y sociales de un funcionario o candidato para prevenir que dichos intereses influyan indebidamente o afecten las decisiones del funcionario durante su gestión.
Y la tercera es la declaración fiscal: el comprobante que muestra que un funcionario ha cumplido con sus obligaciones fiscales, aportando a la bolsa de recursos públicos que deberá administrar y gastar de forma responsable en beneficio de todos durante su encargo.
Para Raúl Cázares Urban, miembro del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), el hecho de que no hagan públicas sus declaraciones mina la transparencia, abona a la opacidad e impide evaluar a los funcionarios.
“Si bien es cierto no es una obligación de transparencia, muchos de los diputados que se comprometieron a ello no lo hicieron. Es muy triste que nuestros representantes populares no pongan el ejemplo”, dijo.
Por otro lado, las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de los diputados miembros de la XVI Legislatura del Congreso local tampoco están disponibles para su consulta.
De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todos los servidores públicos están obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses; y es obligación de la Unidad de Transparencia del Congreso, como marca la Ley estatal de Transparencia y la Ley Orgánica del Congreso, poner a disposición del público esta información.
CON INFORMACIÓN DE RICARDO HERNáNDEZ