Chetumal, 23 Febrero .- La XVI Legislatura de Quintana Roo aprobó reformas para considerar el acoso sexual en espacios públicos o de acceso público, como violencia en la comunidad, así como para vincular a los gobiernos estatal y municipales a fin de establecer sanciones, protocolos y mecanismos de denuncia.
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En un comunicado, dicha legislatura señaló que los diputados del Congreso de Quintana Roo aprobaron por unanimidad, en la sesión ordinaria número 3 de esa soberanía, presidida por el diputado Eduardo Martínez Arcila, el dictamen con minuta de decreto por el que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo.
El dictamen señala que, para garantizar a las mujeres la erradicación de la violencia en la comunidad, el estado y los municipios deberán, entre otras cosas, elaborar programas de reeducación libre de estereotipos, diseñar un sistema de monitoreo del comportamiento violento de los individuos y de la sociedad contra las mujeres.
También, establecer un banco de datos sobre las órdenes de protección y de las personas sujetas a ellas, proporcionar atención psicológica y legal, especializada y gratuita a quien sea víctima de acoso sexual en espacios públicos, así como implementar políticas públicas de prevención de la violencia por acoso sexual en dichos espacios.
Por otra parte, el Congreso del Estado aprobó también un punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la Dirección General de Marina Mercante, a fin de que lleven a cabo todas las acciones necesarias para que establezcan las bases de regulación de tarifas en la prestación del transporte marítimo de pasajeros en el territorio de Quintana Roo, con especial atención a los traslados entre la Isla de Cozumel y la ciudad de Playa del Carmen.
El diputado y presidente de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales y promotor del punto de acuerdo, Carlos Hernández Blanco, indicó que buscan con este exhorto, que la autoridad competente pueda establecer definitivamente la regulación de las tarifas y con ello detener el abuso de las navieras que operan el transporte marítimo de pasajeros en Quintana Roo.