La ciudadanía mexicana votó en 2018 por una transformación profunda de nuestras instituciones, de nuestras leyes y de nuestra sociedad, para generar una nueva realidad más equitativa.
Las demandas del movimiento feminista formaron parte del proyecto alternativo de nación que logró unificar las numerosas luchas sociales que surgieron de los excesos, las desigualdades y omisiones del Estado durante el periodo neoliberal, así como de las deudas de justicia con los grupos históricamente marginados, como es el caso de las mujeres.
El hecho de que las mujeres vivan en condiciones de subordinación, tanto en México como en todo el mundo, no es una simple impresión, ni una opinión, sino un hecho ampliamente analizado por las ciencias sociales y los estudios de género que han desarrollado una teoría y conceptos para visibilizar procesos naturalizados de discriminación.
Como uno de los macroconceptos de la teoría feminista, el patriarcado ÔÇöde acuerdo con el Conapred y el InmujeresÔÇö puede ser entendido como un sistema familiar, social, ideológico y político de relaciones sociales, caracterizado por la distribución desigual del poder entre mujeres y hombres, principalmente en la participación en el espacio público y la atribución de un estatus determinado por la división del trabajo en razón de género.
En este sentido, la división social del trabajo, que estratifica a la sociedad en una gran capa de personas desposeídas y un ínfimo grupo de grandes propietarios, se ve permeada por una doble subordinación en el caso de las mujeres, que han sido relegadas a las labores domésticas no remuneradas y a empleos precarizados, que les genera dependencia económica, de la cual se derivan otras violaciones a sus derechos.
Y pese a los esfuerzos que la población femenina ha hecho por incluirse en las actividades económicas tradicionalmente reservadas a los hombres, persiste una injusta brecha salarial.
Aunque la medición de la desigualdad de ingresos entre mujeres y hombres supone grandes retos metodológicos, existen datos que nos advierten de su magnitud.
De acuerdo con ONU-Mujeres, a nivel mundial, por cada dólar que ganan los hombres, las mujeres ganan 77 centavos, es decir, una brecha del 23%; según la OCDE, en México este porcentaje es del 18.8, pero datos del Conapred advierten que llega hasta el 34.2%.
Lo más alarmante es que, de seguir a este ritmo, la OIT han pronosticado que tendrán que pasar 70 años para cerrar la brecha salarial a nivel global, lo que apremia a todas las naciones a tomar medidas urgentes en la materia.
En este sentido, y siguiendo el mandato popular de transformación auténtica de México, en el Senado de la República se aprobaron reformas a 13 ordenamientos, para establecer que la brecha salarial constituye un acto de violencia; prohibir a las personas empleadoras que pregunten por el historial salarial y establecer su obligación de ofrecer las mismas oportunidades de ingreso y ascenso; atribuir al IMSS la facultad de identificar y hacer del conocimiento de las autoridades las posibles afectaciones al principio de igualdad salarial; crear el Padrón Nacional de Centros de Trabajo Certificados en Igualdad de Género y No Discriminación, así como los correspondientes certificados, y establecer la obligación del Consejo de la Judicatura Federal y de las presidencias de la SCJN y del TEPJF de diseñar políticas públicas para lograr la igualdad sustantiva, laboral y salarial entre mujeres y hombres.
Con estas acciones, no sólo se protegerán los derechos de las mujeres, sino que se fomentará su integración en igualdad de circunstancias a las actividades propias del mercado de trabajo, lo que significaría un aumento del 26% del PIB mundial, que se calcula en 28 billones de dólares. En otras palabras, la igualdad salarial nos beneficia a todas y todos.
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