El combate a la corrupción es un tema prioritario en la agenda global. Con el cambio de régimen, México emprendió una lucha frontal contra este delito que tanto daña la legitimidad del Gobierno, las finanzas públicas y la democracia en su conjunto, lo cual se ha visto reflejado en nuevas leyes y políticas públicas diseñadas para divorciar el poder político del poder económico, como las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión para considerar como delito grave que amerita prisión preventiva oficiosa el uso de programas sociales con fines electorales, con lo que hemos podido mejorar nuestra posición en el Índice de Percepción de la Corrupción, al pasar del puesto 138 de 180 países, en 2018, al 130 y 124, respectivamente, en 2019 y 2020, poniendo fin a la tendencia contraria de años anteriores.
En tal sentido, y ante la coyuntura de los próximos comicios, el Presidente de la República propuso un pacto por la democracia, que ya ha sido firmado por las y los titulares de los poderes ejecutivos de todas las entidades federativas, con el objetivo de evitar el uso de los recursos públicos con fines electorales, lo cual será determinante para garantizar las primeras elecciones auténticamente democráticas de nuestra historia moderna.
La pertinencia de esta acción no sólo tiene un gran valor de sentido histórico, pues retoma las mejores prácticas del presidente Francisco I. Madero en su lucha por la democracia, sino que contribuye a la transformación de la cultura política.
De acuerdo con el profesor Giorgio Alberti, la cultura política, como cualquier otra forma de cultura, tiende a trascender sus determinantes estructurales, continuar su manifestación y durar aun cuando las condiciones que le dieron nacimiento ya no existan; así, la formalización de los acuerdos de voluntades entre la Federación y los estados para poner fin a los tradicionales fraudes electorales, podría ser una herramienta eficaz para acabar con la inercia de quienes por décadas han hecho de la corrupción una forma de vida, con tolerancia y complicidad hacia estas prácticas.
La firma de este pacto es un reconocimiento de que la existencia misma de las leyes no es suficiente para garantizar su cumplimiento; se requiere sobre todo de compromiso para aceptar los cambios y respetar el derecho de la ciudadanía de decidir con libertad.
Independientemente de los resultados electorales, lograr que la próxima elección, que será la más grande de nuestra historia, sea también la primera que se desarrolle sin desvíos de recursos públicos será beneficioso para México y para la transformación emprendida desde el masivo e histórico triunfo de 2018.
Hoy, que la ciudadanía conoce el valor de su voto y su poder para cambiar el régimen de privilegios que parecía inamovible, será más difícil que se comercialicen los sufragios. Con uno de cada cuatro hogares en la República recibiendo ingresos de programas gubernamentales, será más complicado lucrar con la necesidad de quienes menos tienen. Es decir, existen condiciones inéditas para que el próximo 6 de junio la ciudadanía ejerza su derecho al voto y decida libremente entre la disyuntiva de continuar con la transformación o regresar al viejo régimen.
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