Quintana Roo será el primer estado de la República en contar con su Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción. Se trata de un documento vinculante, conformado por 81 estrategias y más de 160 líneas de acción que tienen por objeto minar la corrupción en el estado y cuya implementación requerirá para el próximo año 400 millones, que tendrán que ser avalados próximamente por los diputados.
“Conviene mencionar que es el primer programa de implementación de entre los Sistemas locales Anticorrupción”, apuntó este lunes Janet Aguirre, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC), en conferencia de prensa donde presentaron el Programa.
El 31 de julio de 2020, el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Quintana Roo (Saeqroo) aprobó la Política Estatal Anticorrupción.
“La Política Anticorrupción nos daba los grandes ÔÇÿquéÔÇÖ. A través de 40 prioridades nos dejaba muy claro cuáles iba a ser los 40 grandes objetivos, de naturaleza completamente estratégica, que debían conseguirse, materializarse, no obstante, esta Política nos encomienda elaborar, construir un Programa de Implementación que nos dé los cómo, que ahora ya tenemos, desde el pasado 11 de noviembre, cuando se aprobó”, dijo Aguirre.
El Programa estará vigente hasta 2030, con evaluaciones periódicas en 2024, 2027 y 2030.
Por su parte, Mariana Belló, también integrante del CPC, aseguró que el Programa se pudo tener tan pronto dados los perfiles de los integrantes del propio Sistema, pues son técnicos antes que políticos, con una expertise en el.
Además, aseguró, el organismo no ha sido captado por intereses políticos o partidistas, como ha ocurrido en otros estados, destacó Belló.
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Aguirre destacó que el documento, elaborado completamente por la Saeqroo, no promueve procesos o gestiones, acaso más burocráticas, sino que está orientado a resultados.
En los próximos tres años, por ejemplo, tiene como objetivo conseguir la certificación de autoridades responsables de sancionar hechos de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción; un nuevo marco normativo del Servicio Público de Carrera; contar con una Plataforma Única de Contrataciones Abiertas y una Red Ciudadana Anticorrupción.
Otro objetivo es conseguir la autonomía plena de la Fiscalía Especializada Anticorrupción de Quintana Roo.
Rosaura Villanueva, titular de la Fiscalía Anticorrupción, aseguró que la referida autonomía urge, pero que no ha habido voluntad política de parte de los legisladores locales, que mantienen la reforma en la materia en la congeladora.
Asimismo, aseguró que requieren cerca de 59 millones de pesos de presupuesto para 2022, casi 19 millones más de lo aprobado para este año, que esperan aprueben los diputados.
En cada una de las estrategias y líneas de acción en el Programa se menciona la autoridad encargada de llevarla a cabo.
Para el próximo año, el Anexo Transversal Anticorrupción, es decir, todo el presupuesto que los distintos entes públicos destinarán al combate a la corrupción, se calcula en 400 millones de pesos, aunque, en este monto, falta la integración de lo que corresponda a la Fiscalía Especializada Anticorrupción, Poder Judicial y parte de los programas presupuestarios de la Auditoría Superior de la Federación.