Irregularidades en los contratos de obra, incumplimientos de parte de contratistas, anomalías en construcción, sobrecostos y un proceso legal a cuestas han tenido como consecuencia que, a siete años del anuncio de su construcción, el Hospital de Especialidades de Chetumal, el único en su tipo en Quintana Roo, siga sin atender a pacientes con cáncer.
“Aún no tenemos fecha para habilitarlo”, comentó Alejandra Aguirre Crespo, titular de la Sesa, ante pregunta expresa.
El hospital fue promesa de campaña del entonces candidato a la Presidencia, el priista Enrique Peña Nieto, que, como tantas otras, nunca cumplió.
En febrero de 2015, Servicios Estatales de Salud de Quintana Roo, durante el mandato del gobernador Roberto Borge, convocó a una licitación pública para construir la primera etapa del nuevo hospital.
Seis empresas presentaron propuestas económicas, de entre las que se eligió la de Promotora NC, pese a ser la más cara de todas, incluso, 2.5 veces mayor que la opción más barata –que era de 70.9 millones de pesos–, según constató este medio en los documentos de la licitación.
El 2 de marzo se firmó el contrato con número de identificación SESA-DDISFPCGC-LP-OP-05-2015 por 214.4 millones de pesos, precio con IVA, en el cual se estipulaba que la beneficiada contaba con 279 días naturales para terminar los trabajos.
Dos días después de la firma, se celebró “de manera indebida” un convenio adicional para ampliar el monto en 121.3 millones de pesos y el plazo en 157 días naturales, modificaciones que representaron incrementos de más del 50 por ciento en ambos casos, por lo que el monto final quedó en 335.8 millones de pesos y el periodo de ejecución en 437 días naturales, según expuso la ASF en una auditoría de inversiones físicas.
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Pese a las ampliaciones presupuestales y del periodo de gracia, la empresa no concluyó los trabajos, causando una afectación a 405 mil 098 habitantes que dependen de los Servicios Estatales de Salud, se lee en la auditoría.
La empresa no solo incumplió con los plazos, sino que construyó la obra con una serie de irregularidades.
“Se apreciaron evidentes deficiencias en el procedimiento constructivo, como ejes desalineados de las columnas de la estructura del cuerpo principal y trabes desfasadas respecto de las columnas, inadecuados apuntalamientos de trabes y armado de elementos estructurales en columnas y trabes, carencia de bitácora debidamente actualizada y supervisión inadecuada del residente de la entidad auditada, que ponen en entredicho la seguridad estructural de la obra”, apuntó la ASF.
Por todo lo anterior, la Dirección de Normatividad y Asuntos Jurídicos determinó la rescisión administrativa del contrato. En 2017, el gobierno adjudicó a Medical Tool un nuevo contrato por 141.2 millones de pesos para terminar las obras pendientes, mismas que debió de terminar en 220 días naturales. No obstante, la firma tampoco cumplió con el plazo originalmente fijado.
Tuvieron que pasar tres años, hasta principios de 2020, para que se terminara de construir el edificio y se equipara adecuadamente.
Para cuando el hospital quedó listo, el coronavirus ya se había propagado por el norte del territorio estatal, por todo el país y el mundo. Para hacer frente a la pandemia, la Federación decidió tomar el control. El Insabi tomó posesión administrativa del nuevo hospital desde mayo de 2020; fue reconvertido para atender pacientes con coronavirus y así se volvió a impedir que pacientes con cáncer tuvieran un hospital oncológico para tratarse.
Ahora el Insabi dejó de tener el control, dijo Aguirre Crespo, y sigue sin habilitarse.
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