Pese a que Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso del estado, defendió el aumento de la polémica partida de ayudas sociales con el argumento de que es una atribución marcada por la ley, en ninguna de las 55 fracciones del Artículo 75 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, mediante el cual se establecen las facultades del Legislativo, se encuentra la supuesta atribución.
“Es un procedimiento, una facultad, una atribución que tienen los diputados, que la propia ley se los da y que no solo la tiene Quintana Roo, sino la tienen en todos lados. Lo tiene el Congreso federal, lo tienen los congresos locales”, sostuvo el legislador.
Se trata de una situación de autoasignación de funciones administrativas, lo cual viola la división de poderes, contraría la Constitución y, además, viola al menos un derecho humano y tres constitucionales: a vivir en un ambiente libre de corrupción, a la igualdad y no discriminación, a la buena administración de los recursos públicos y al de la transparencia y el acceso a la libre información, según expone Mariana Belló y otros dos quejosos, integrantes y exintegrantes todos del Comité de Participación Ciudadana (CPC), en un amparo que interpusieron para echar por tierra las ayudas sociales del Congreso.
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Arcila, sin sustento para ayudas sociales
El recurso, vale apuntar, fue sobreseído, aunque recientemente recurrido.
Es por ello que el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) alista un litigio estratégico en contra de las ayudas sociales del Congreso.
El Congreso de Quintana Roo presupuestó para 2022 un total de 99.5 millones de pesos para el rubro de las polémicas ayudas sociales, algo para lo cual no tiene competencia y que representa el 20.5% del presupuesto total aprobado para el Poder Legislativo.
El monto, reflejado en el Presupuesto de Egresos 2022, alcanzó un récord histórico, en un contexto en el que se avecinan elecciones para renovar, precisamente, el Legislativo, además de la gubernatura.
Rebasa funciones
Mariana Belló reprobó el aumento, la opacidad y discreción de su uso e insistió en que el Congreso no tiene facultades para repartir ayudas sociales.
“El mensaje más contundente y más indignante es: dos de cada 10 pesos que asigna el poder legislativo del estado se usan para lo cual no tiene funciones”, criticó Belló.
El principal problema, explica, es que el otorgamiento de ayudas directas, ese gasto que se pone a disposición de cada uno de los integrantes de la legislatura para que estos decidan unilateralmente su destino y sus posibles beneficiarios, es ajena, excede y contraria las funciones constitucionales del Poder Legislativo.
Vale resaltar que, aunque el Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que, en caso de “apoyos”, el ente debe disponer de información relativa al diseño, objetivos, alcances, mecanismos de evaluación, reglas de operación y padrón de beneficiarios, lo cual ha incumplido el Congreso sistemáticamente.
A decir de Arcila, la información se encuentra en el portal de Transparencia del Poder Legislativo, sin embargo, este medio se dio a la tarea de constatar y se encontró con información desactualizada o incompleta, hipervínculos dañados que no dejan consultar los datos.
Además de que el Congreso no cuenta con diseños, objetivos ni reglas de operación.
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