Además se disculpó a nombre del Estado porque hubo fallas en la aplicación de los protocolos especializados
Además se disculpó a nombre del Estado porque hubo fallas en la aplicación de los protocolos especializados

 

El Estado falló en garantizar a Digna Ochoa su acceso a la justicia: Señaló Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno durante el acto de disculpa pública a la defensora, a 21 años de su asesinato en la Ciudad de México.

Durante su intervención, Encinas Rodríguez señaló en nombre del Estado mexicano:

“Ofrezco una disculpa pública a ella y su familia porque el Estado no pudo garantizar su seguridad y su integridad, y porque tampoco el Estado mexicano garantizó su acceso pleno a la justicia”.

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Además se disculpó a nombre del Estado porque hubo fallas en la aplicación de los protocolos especializados en la investigación de su caso, además de faltas a su debido proceso y, ante todo:

“Porque su lucha y su memoria no pueden ser discriminadas ni estigmatizadas por su pertinencia de género ni por su pertinencia social y cultural, por su profunda sensibilidad ante la injusticia”.

La disculpa del Estado se da luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sentenció a México (enero 2022) a reparar los daños a la activista y su familia pues encontró “graves irregularidades” en la investigación del caso.

Por lo que se solicitó la reapertura del mismo a la Fiscalía capitalina, misma que ha creado una unidad especial para la investigación del asesinato de Ochoa y Plácido.

Lo anterior, porque en 2003 y 2007 la entonces Procuraduría de la Ciudad de México determinó que no había delito que perseguir -se manejó el suicidio de la activista- y en 2011 cerró el caso.

El 19 de octubre de 2001 la defensora fue hallada sin vida en su despacho de la colonia Roma de la Ciudad de México.

 

Desde el Centro Prodh acompañaba los casos de violaciones a derechos humanos como la masacre de Aguas Blancas, el caso de los hermanos Cerezo o el de los campesinos Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, ecologistas detenidos y torturados por el Ejército.

Como parte de la disculpa, Alejandro Encinas señaló a nombre del Gobierno que, como lo estableció la sentencia de la CIDH:

“Implementaremos de manera puntual todas las acciones que sean necesarias para abrir la investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las circunstancias de su muerte”.

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Por su parte, el hermano de la abogada, Jesús Ochoa y Plácido aceptó la disculpa del Estado mexicano y señaló que pese a que han pasado 21 años de la muerte de Digna Ochoa:

 

“Digna Ochoa no está muerta, está más viva que nunca y exige justicia”