La iniciativa a la Ley de Movilidad que busca que las plataformas digitales de reparto de comida den al Gobierno local 2% de cada servicio, sea viaje o entrega, agrava la brecha entre los que son socios de aplicaciones y los independientes que no están regulados, pues estos últimos no tienen restricciones ni comprueban operaciones.
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Usuarios del servicio ya cumplen con condiciones que marca la propuesta, pero les preocupa lo añadido en el artículo 156, fracción VIII, respecto al gravamen.
Víctor “M” entró a trabajar por medio de aplicaciones desde hace tres meses, aunque opina que la demanda no es la esperada en Chetumal.
“Hay sobreoferta de repartidores, aunque ya estaba cubierta la demanda, se sigue dando entrada a otros repartidores. Yo empecé como independiente, pero ante la promesa de ganar más inicié en las aplicaciones”, comentó.
Con esta propuesta, los clientes tendrán que pagar más por cada orden y la comisión que reciben los diligencieros no es diferente a la que obtiene uno independiente, entre 35 y 50 pesos, lo que hará que se disminuya el uso de las aplicaciones.
Explicó que ofrecer un servicio de calidad, con garantía en la entrega, estar debidamente identificados y estar sujeto a la evaluación del cliente, les diferencia de otros repartidores; pero la reforma abre la puerta a que regresen a la informalidad.
Sergio “H”, con dos meses en este servicio, explicó que, en un día bueno pueden dar entre 15 y 17 servicios, pero cuando inició eran hasta 24, una reducción de más de 30%.
“Para ser moto repartidor solo debes tener una moto, un teléfono y ponerle una caja para llevar producto, pero no hay control sobre ellos”, apuntó.
Ambos concluyen que la modernización de este servicio que se vio favorecida por la falta de movilidad durante la pandemia de Covid-19, no llegará si se ponen candados a quienes ya los tienen, pero se permite que quienes no están regulados operen sin responder a nadie.