Tras asegurar que se trata de una venganza política en su contra, el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, llamó al Poder Judicial de la Federación a resolver de manera pronta y expedita, la competencia de la investigación en contra del exfiscal anticorrupción de esa entidad, Francisco González Arredondo, toda vez que su vida e integridad corren peligro.
En entrevista con 24 HORAS, el exmandatario señaló que quien fuera el fiscal encargado de combatir la corrupción durante su administración, lleva casi tres meses “encarcelado injustamente”. González Arredondo es acusado de haber obtenido testimonios bajo tortura psicológica.
Corral Jurado indicó que el Gobierno de María Eugenia Campos se ha negado a entregar la carpeta de investigación a la Fiscalía General de la República (FGR), para mantener en prisión al exfuncionario.
También acusó que la actual mandataria estatal busca desmantelar la operación “Justicia para Chihuahua”, que emprendió en su administración y llevó al encarcelamiento del exgobernador César Duarte.
“Evidentemente lo que se busca es desmontar el conjunto de las investigaciones que acá se hicieron contra la corrupción y que tocaron, ni más ni menos, a la actual gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, quien fue vinculada a proceso tras ser acusada de cohecho por ser parte de la nómina secreta de César Duarte”, declaró Corral Jurado.
El también exdiputado aseguró que las declaraciones y pesquisas no fueron falsas porque todo se confirmó.
“Los Ministerios Públicos no solo recogen dichos, tienen que presentar los hechos y la información llevó a conocer la ruta del dinero, el destino de los recursos, los modos operandi, de cómo se desviaban recursos públicos, incluso de campañas políticas”.
De esa manera, calificó como una “treta” montada por el actual Gobierno de Chihuahua “a través de un gran plan de impunidad”.
Por ello, insistió en que el caso debe ser resuelto por la Fiscalía General de la República, toda vez que las investigaciones encabezadas por el exfiscal González Arredondo, también tuvieron repercusiones en otras entidades del país, al poner al descubierto el desvío de recursos en siete entidades, como parte de la denominada Operación Safiro, donde se desviaron 650 millones de pesos a 12 empresas fantasma para campañas electorales del PRI en 2016.
Javier Corral dijo que en un país en el que el principal problema cultural es la corrupción política, institucional, pero confió en que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña, actúe con la debida atención, diligencia y prontitud “como el caso lo requiere”.