Al arrancar el Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la XVII Legislatura, urge que diputados atiendan temas prioritarios que han quedado pendiente, entre estos las reformas para la regularización de la contratación de servicios de transporte en plataformas digitales, que ha generado un conflicto estatal que escaló a nivel internacional.

La declaratoria de apertura de los trabajos legislativos corrió a cargo de la diputada Mildred Ávila Vera, presidenta de la Mesa Directiva del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del primer año de ejercicio constitucional, aunque previo a esto, las distintas fracciones parlamentario dieron su postura sobre los temas que deben tratarse para este período.

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Con las propuestas de reforma a la Ley de Movilidad de Quintana Roo, que en primera instancia plantean el reconocimiento de los servicios de micromovilidad consistentes en regular los servicios de mototaxis, que datos preliminares del censo que realiza el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) calculan que existen tres mil unidades operando en el estado. Y en segunda, la atención de miles de personas que han hecho del moto reparto su sustento, por lo que es necesario la creación de un padrón que les identifique y puedan operar libremente; en la iniciativa propuesta el pasado 13 de diciembre, presentada por el diputado morenista José María Chema Chacón, se incluye el impuesto del 2% para cada servicio contratado a través de plataformas digitales de ‘delivery’.

Pero más importante, es urgente la reforma a esta ley que considere a la contratación de transporte a través de aplicaciones como un servicio privado, que no requiere de una concesión otorgada por el estado, como quedó asentado en el resolutivo del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito al amparo promovido por Uber, que generó un conflicto con los sindicatos taxistas que operan en todo el estado, y que mantienen una postura de rechazo a esta alternativa de transporte. El vació legal en el que se encuentran impide a la autoridad regular, ordenar y sancionar a los socios de las aplicaciones, además se debe retirar los candados que fueron colocados en anteriores legislaturas que ahora resultan inconstitucionales.

Además, la diputada Susana Hurtado, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, ya contempla el análisis, discusión y aprobación de la aplicación de la ley 3 de 3 contra la violencia hacia la mujer, en la que ninguna persona con antecedentes de violencia hacia la mujer, deudores de pensión alimenticia o violencia vicaria puedan acceder a un cargo público, además de crear el padrón estatal de violentadores, que como referencia dio a conocer que el Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM) ya dio de baja a nueve exfuncionarios a los que se le han comprobado actos contra las mujeres, todos expedientes rezagados de la pasada administración; incluyó la propuesta el Código Penal para retirar la prescripción del delito de feminicidio.

En tanto, el diputado Julian Ricalde, de la Comisión de Turismo, plantea la regulación de las plataformas digitales para contratación de hospedajes, que estima existen 54 mil cuartos bajo este esquema en el estado, para que los arrendadores ofrezcan más información a turistas para evitar que reserven en sitios que no cuentan seguridad para estos, como se ha detectado en Benito Juárez y Solidaridad, al serles ofrecido cuartos de renta en asentamientos irregulares.